La Jornada

La CDHDF no ha recibido quejas contra la norma vial: Perla Gómez

Insta a garantizar el derecho a la debida defensa A la fecha no ha declarado que sea violatoria

- JOSEFINA QUINTERO MORALES

Tras el amparo otorgado por la justicia federal a un particular que se inconformó con las fotomultas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, señaló que hasta el momento el organismo no ha recibido quejas por violacione­s a las garantías individual­es, y la revisión que hizo el organismo en su momento fue en torno a “si hay alguna condición que pudiera violentar temas de seguridad jurídica”.

Sobre la determinac­ión del juzgado octavo de distrito, manifestó que esperaría al fallo que en su caso emitiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar una opinión al respecto; no obstante, destacó dos situacione­s en torno a la aplicación del Reglamento de Tránsito: “el derecho a la seguridad jurídica para que se garantice a las personas que en su momento puedan tener la debida defensa”.

Y en segundo lugar, que el Gobierno de la Ciudad de México pueda hacer las valoracion­es “para ver si amerita una actualizac­ión del propio reglamento”.

Gómez Gallardo se manifestó por sensibiliz­ar a la gente de “que el reglamento existe y es real, para evitar el número de accidentes, de afectacion­es que se hace a personas que pueden ser privadas de la vida o lesionadas por las velocidade­s que se imprimen en la ciudad”.

Añadió que debe hacerse la sensibiliz­ación en todos los aspectos, “tanto de qué alcances como qué objetivos persigue el reglamento”.

Hasta el momento, la comisión no ha señalado que la norma sea violatoria de derechos humanos. Las observacio­nes que se han hecho refieren a cuestiones sobre el ascenso y descenso de personas, trato a discapacit­ados y sobre los límites de velocidad.

En diciembre pasado, el Gobierno de la Ciudad de México impugnó el fallo del juez octavo de distrito en materia administra­tiva de la Ciudad de México, Fernando Silva García, quien declaró inconstitu­cionales cinco artículos del Reglamento de Tránsito local, relacionad­os con la aplicación de fotomultas, por ser violatorio­s del derecho de audiencia.

El juez refirió en su resolutivo que antes de que se aplique la multa, el ciudadano tiene el derechos a ser escuchado y defenderse en torno a la sanción que se le impone sólo con la exhibición de una fotografía como evidencia de que violó la norma vial.

Sin embargo, hasta el momento no es una resolución definitiva y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México mantiene el litigio en tribunales. No obstante, si la sentencia es ratificada por el tribunal colegiado, el gobierno capitalino tiene derecho a inconforma­rse y analizar si lleva el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Foto Víctor Camacho

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