CIUDAD PERDIDA
La Constitución, blanco de la PGR Evitar contagio, motivo
o es para preocuparnos, es para alarmarnos, y eso porque en la Procuraduría General de la República se preparó, y está por tomar el cauce legal que se requiere, una impugnación en contra de algunos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México. El recurso tiene que ver, según se nos comenta, con las leyes que se refieren al Poder Judicial, que a los federales no les parecen bien y que están dispuestos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que se conviertan en agente de contagio para algunos otros estados de la República. Es innegable que una de las fallas de gobierno que hoy se padece en toda la República es la necesaria credibilidad de la justicia hacia los ciudadanos. Nada más injusto que la justicia como se ejerce hoy día en todo el país, y nadie más impune que los jueces. En la Constitución Política de la Ciudad de México se buscó, al enfrentarse con esa realidad, imposible de negar, inmiscuir a los ciudadanos en las decisiones que se ejercen desde el Poder Judicial. La idea fue atacada por varios flancos, pero al final la realidad atroz del sistema judicial del país obligó a todos, prin- cipalmente a los priístas, a entender que los cambios son necesarios. El titular de la Procuraduría General de Justicia, Raúl Cervantes, fue, al inicio de los trabajos, un miembro de la Asamblea Constituyente, y desde entonces mostraba su animadversión por los posibles cambios que se veían venir en el tema judicial. Hoy, desde esa procuraduría se habla de que no hay salida, que no es posible que la Carta Magna de la Ciudad de México contenga artículos que mermen el poder de los jueces, porque en breve, desde todos los estados de la República, se trataría de repetir la idea. En el capítulo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México, llamado De la función judicial, artículo 35, se estipula que el Consejo de la Judicatura estará integrado no sólo por jueces, sino por los miembros de la sociedad a quienes designe el Consejo Judicial Ciudadano. Este parece ser uno de los puntos que son rechazados por la Procuraduría General de la República, que en todo caso deberá tener el respaldo de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, por- que, según nuestras fuentes, en la PGR no se atreverían a dar un paso de ese tamaño sin el respaldo de los expertos de Los Pinos. Se dice también que será esta misma semana cuando se dé a conocer la impugnación que, según nos comentan esas fuentes, responde al enojo de los jueces y tiene muy preocupados a muchos políticos que no quieren “malos ejemplos” en otros estados de la República. Por lo pronto, ya se sabe que, al parecer, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no presentará ninguna controversia, quizá por que ya se entendió que hace falta hacer justicia entre los justos.