Preocupan cambios a la minuta sobre tortura
Priístas llaman a otras fuerzas a exponer propuestas de ley de seguridad interior
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ( PRI) en la Cámara de Diputados llamó a todas la fuerzas políticas representadas en el Congreso a exponer sus propuestas tendentes a elaborar el dictamen de ley de seguridad interior, que habría de ser aprobada en el presente periodo ordinario de sesiones.
El vicecoordinador de los priístas, Jorge Carlos Ramírez Marín, anunció que la semana próxima se realizará una reunión con todos los gobernadores y con presidentes municipales de las principales ciudades del país, para abonar en lo inmediato a la construcción del dictamen de la nueva ley.
‘‘Tomemos cartas en el asunto de una manera definitiva. Esta inseguridad, este ataque sistemático del crimen organizado reta a las instituciones y tenemos que poner un hasta aquí. Para quienes dicen que se trata de militarizar el país, hay que explicarles que es exactamente lo contrario, es la ley para desmilitarizar (...) y para que los estados retomen la responsabilidad de mantener el orden, de preservar las instituciones, de hacer y administrar la labor de justicia, cosa que no está sucediendo’’, señaló.
–¿Hay un acuerdo con el PAN? Ese partido insiste en que si no sale el mando único no sale la ley –se le recordó.
–No se ha planteado ninguna condición en esos términos; nosotros estamos trabajando sobre la ley de seguridad interior y tendrán que tomar una definición una vez que esté planteado el dictamen. Esa es la prioridad.
–¿El PRI aceptaría que se trabajen de manera conjunta mando policiaco y seguridad interior?
– No tendríamos inconveniente. Nosotros queremos que en la ley de seguridad interior forzosamente se contemplen temas que tienen que ver con el mando en los estados.
–¿El ambiente prelectoral no será punto de influencia negativo en torno a la ley de seguridad interior? –se le preguntó.
–No creo. Y no me costaría nada atacar a los partidos de oposición. No creo que sea por razones electoreras; pienso que entran distintos factores.
‘‘Uno, que sienten que van a perder un poco de autoridad; dos, que sienten que van a tener que pagar por las cosas que les corresponde hacer a ellos y que hoy les hace la Federación, y tres, que creen que van a estar sometidos de alguna manera o que va ser más fácil para la Federación intervenir.’’
–¿La reunión con gobernadores será dentro de la Junta de Coordinación?
–Con la junta y seguramente con las directivas de las comisiones involucradas: Justicia y Gobernación. Once organizaciones internacionales de derechos humanos, encabezadas por Amnistía Internacional (AI) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), expresaron su preocupación por los cambios que ha introducido la Cámara de Diputados a la minuta de la ley general contra esta práctica ilegal. En caso de concretarse, advirtieron, estas modificaciones ‘‘conducirían a perpetuar la práctica de la tortura y la impunidad de este abominable crimen en México’’.
En una carta enviada a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, las organizaciones exhortan a aprobar un marco normativo que cumpla con los estándares internacionales. Incluso, señalan que, salvo algunos puntos específicos, la minuta enviada desde el Senado cumple con dichos estándares, que debieran ser respetados en la Cámara de Diputados.
‘‘Es una oportunidad única e histórica para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que sienta las bases para la erradicación de la tortura en el país y aborde las problemáticas institucionales en este ámbito’’, exponen.
Pruebas inválidas
De entrada, citan tres puntos concretos para mejorar la minuta del Senado: excluir sin excepción alguna cualquier prueba obtenida mediante la tortura o trato cruel e inhumano; investigar y sancionar a superiores jerárquicos, y modificar el lenguaje respecto de la posibilidad de realizar procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento, para aclarar que dicha excepción se refiere sólo a personas menores de 18 años.
Sobre las modificaciones propuestas por los diputados, señalan la necesidad de apartar de la investigación al servidor público con indicios de que esté involucrado en actos de tortura; que quede establecido que las autoridades competentes tienen obligación de realizar u ordenar una investigación pronta e imparcial, y mantener las causales que permitían al Ministerio Público de la Federación solicitar la remisión de una investigación estatal al fuero federal.
Otras organizaciones que suscriben la carta son: Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos; Plataforma Internacional contra la Impunidad; Robert F. Kennedy Human Rights; Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura; Asociación para la Prevención de la Tortura; Centro de Estudios Legales y Sociales, y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.