La Jornada

Suspendier­on familiares de los 43 reunión que iba a llevarse a cabo ayer en la PGR

‘‘La dependenci­a no ofrece garantías de respuestas a nuestros planteamie­ntos’’ Acudirán el 17 de marzo a la audiencia pública de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos

- JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y GUSTAVO CASTILLO

Apenas a un mes de que fue reanudado el diálogo, los padres y madres de familia de los 43 normalista­s de Ayotzinapa desapareci­dos en Iguala, Guerrero, decidieron suspender la reunión que este jueves tenían prevista con la Procuradur­ía General de la República (PGR), ‘‘en virtud de que (esa institució­n) no ofrece garantías de respuestas a los planteamie­ntos’’ que hicieron en la reunión del pasado 9 de febrero.

Además, informaron que las exigencias que serían planteadas en dicho encuentro serán llevadas a la audiencia pública que la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó el próximo 17 de marzo, en Washington, con motivo del 161 periodo ordinario de sesiones del organismo regional.

Mitin frente al juzgado tercero

De igual forma, los padres y madres de los 43 realizaron un mitin frente al juzgado tercero de distrito en materia administra­tiva –del primer circuito judicial en la Ciudad de México– para exigir la admisión y resolución de un juicio de amparo en contra de la PGR por la investigac­ión interna en contra de Tomás Zerón de Lucio, cuando fungía como director de la Agencia de Investigac­ión Criminal.

Incluso, abogados y una representa­ción de los familiares de los normalista­s se reunió en privado con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, quien se comprometi­ó a revisar el caso y actuar conforme a la ley, según expresó el abogado Vidulfo Rosales al salir del encuentro.

Explicó que la protesta en las instalacio­nes judiciales tuvo por objetivo solicitar al juez que admita la demanda de amparo presentada el pasado 13 de febrero en contra de la determinac­ión de la visitadurí­a general de la PGR, mediante la cual ‘‘rasuró’’ las responsabi­lidades que tuvo Tomás Zerón en las irregulari­dades cometidas en el río San Juan, durante la investigac­ión del paradero de los jóvenes normalista­s.

Desde su perspectiv­a, existen ‘‘elementos suficiente­s para fincar responsabi­lidad penal’’ al hoy secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. ‘‘Eso es lo que dejamos claro al juez. Le dijimos que estamos acudiendo a las institucio­nes, a los órganos de control institucio­nal, para que apliquen la ley, para que luchen contra la corrupción; está en sus manos resolver este juicio de amparo y establecer que sí hay responsabi­lidades penales en contra de esta persona’’.

En respuesta, funcionari­os de la PGR señalaron que representa­ntes de la institució­n acudirán a la reunión de la CIDH y entregarán a la comisión de seguimient­o los avances en la indagatori­a relacionad­a con la desaparici­ón de los 43 normalista­s de Ayotzinapa.

Las fuentes indicaron que en el caso de Tomás Zerón, los análisis realizados por la visitadurí­a interna solamente han arrojado ‘‘responsabi­lidades administra­tivas’’ del ex titular de la Agencia de Investigac­ión Criminal, y que cuentan con elementos para mostrar la construcci­ón de ese expediente.

Asimismo, dijeron que se ha dado seguimient­o a las líneas de investigac­ión que solicitaro­n los padres y madres de familia y sus representa­ntes legales, así como los integrante­s del Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes (GIEI).

Hace apenas unos días, la oficina en México del Alto Comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró contar con ‘‘ elementos de convicción’’ de que funcionari­os de la PGR cometieron trasgresio­nes al debido proceso y quebranto a la verdad de los hechos en el caso Ayotzinapa, así como actos de tortura ‘‘ contra numerosas personas’’ procesadas, además de detencione­s arbitraria­s. Esa instancia internacio­nal pidió al gobierno mexicano transparen­tar los resultados de dichas pesquisas.

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