Ley de datos personales protege la identidad de defraudadores en Pemex
Niega SFP relación con caso Odebrecht
La Universidad Autónoma del Estado de México indicó que la lucha de Alejandro Solalinde para proteger los derechos de los migrantes es internacionalmente reconocida. La Secretaría de la Función Pública (SFP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) sostuvieron que no revelarán los nombres de los siete funcionarios de Pemex Refinación –que después se convirtió en Pemex Logística– inhabilitados por autorizar y efectuar pagos indebidos para finiquitar una obra que nunca se concluyó y para adquirir un equipo que no llegó a la empresa, debido a que éstos están protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares.
Luego de su participación ayer en el Congreso Internacional contra la Corrupción, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, negó que el tema tuviera relación con los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios mexicanos para obtener contratos de obras públicas, caso que investiga la justicia del país sudamericano y sobre el cual Pemex interpuso una denuncia contra quien resulte responsable ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado emitido el miércoles, la dependencia federal detalló que los funcionarios recibieron sanciones que van de seis meses a 15 años de inhabilitación y multas globales por casi 50 millones de pesos.
Gómez González agregó que en este caso la intervención de la SPF terminaría sólo con la sanción a los funcionarios de Pemex.
Por su parte, la petrolera indicó mediante un comunicado que los funcionarios implicados ya no son trabajadores en activo de Pemex, pues tras la investiga- ción fueron inhabilitados y se les aplicaron multas económicas.
“Estos trabajadores tienen derecho a impugnar la sanción, pero enfrentarán el debido proceso fuera de la empresa”, señaló la petrolera.
De acuerdo con las indagatorias de la SFP, se determinó que los funcionarios aprobaron pagar a una empresa 35 millones 168 mil pesos “por una obra que no fue terminada, así como la compra de equipo que no fue entregado”.
Al respecto, Pemex aseguró que desde el inicio y a lo largo de todo el proceso colaboró plenamente con la investigación y que la actual administración aportó los elementos necesarios que permitieron documentar las irregularidades y derivaron en las sanciones impuestas.
“La administración de Petróleos Mexicanos está plenamente comprometida a llegar a las últimas consecuencias en todos los casos en que se detecten conductas irregulares. Por ello, ha solicitado otras investigaciones al Órgano Interno de Control de Pemex, cuyo resultado se dará a conocer con oportunidad”, puntualizó.
Durante su participación en el Congreso Internacional contra la Corrupción, organizado por la International Chamber of Commerce México, la ex procuradora general de la República destacó que el plan de trabajo de la dependencia que encabeza tiene un objetivo muy ambicioso, pues busca que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones gubernamentales.
Comentó que uno de los grandes retos de la SPF es la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que esté totalmente en funcionamiento para el 19 de julio próximo.