Defenderá Morena la Constitución, en especial la reforma al Poder Judicial
El presidente del comité estatal de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, ratificó ayer ante jóvenes militantes de su partido que darán la batalla para defender lo que se logró en la Constitución Política local, como la reforma al Poder Judicial, que hasta hoy era el órgano de gobierno que no había sido transformado para sujetarse a mayores controles y rendir cuentas a la sociedad.
Advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierte la reforma judicial en el juicio de acción de inconstitucionalidad que promovió el Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJ) contra el texto constitucional, mandaría una “señal preocupante de que el Poder Judicial es irrenunciable”.
Al participar en el seminario Jóvenes por el futuro de México, organizado por las Juventudes de Morena, indicó que uno de los mejores avances de la Asamblea Constituyente fue precisamente la reforma al sistema judicial, donde se creó la figura de un consejo ciudadano que participará en la integración del Consejo de la Judicatura, se limitó a un año la duración en el cargo del presidente del TSJ y se le separó de la presidencia de la Judicatura para que dejara de ser juez y parte.
En entrevista, Batres detalló que la salida anticipada que trascendió del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, la próxima semana, le da la razón a su partido que en la Asamblea Legislativa se opuso a su relección mediante una reforma que fue rechazada por las demás fuerzas políticas y un incidente de inconstitucionalidad que también se negaron a suscribir.
Lo importante ahora, señaló el dirigente local de Morena, no es que renuncie, sino impedir que se revierta la reforma al Poder Judicial que contiene la constitución local.
En el seminario, que en su primera de 13 sesiones contó con la participación de la secretaria de Salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Asa Cristina Laurell, se denunció que en los servicios públicos hay un problema de discrimina- ción en la atención a los derechohabientes del Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos que puso en marcha la ciudad, respecto de la que se da a quienes están inscritos en el Seguro Popular del gobierno federal.