La Jornada

Nueva denuncia del PAN ante la Fepade por presunta compra de votos en Edomex

- ISRAEL DÁVILA Correspons­al TOLUCA, MÉX.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía Especializ­ada para Atender Delitos Electorale­s (Fepade) por presunta compra de votos mediante la entrega masiva de apoyos sociales en el estado de México. El blanquiazu­l responsabi­lizó a funcionari­os estatales y federales, así como a diversas agrupacion­es vinculadas al Partido Revolucion­ario Institucio­nal (PRI).

La mañana de ayer, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y el líder del panismo mexiquense, Víctor Hugo Sondón, se presentaro­n en las oficinas de la Fepade en Toluca para presentar una denuncia de hechos por presunta compra y coacción del voto, de lo que responsabi­lizaron a una organizaci­ón priísta que participó en un acto efectuado el pasado fin de semana en Atlacomulc­o.

Denunciaro­n que la Central Campesina Independie­nte (CCI) distribuyó entre habitantes de la zona norte del estado, principalm­ente originario­s de la región mazahua, miles de subsidios en especie, incluidos insumos para el campo y materiales de construcci­ón, así como monederos electrónic­os.

En su denuncia, el PAN exigió que se investigue a la lideresa de la CCI, Maricruz Cruz, a quien acusó de exigir a los beneficiad­os copias de sus credencial­es de elector para poder entregarle­s los apoyos.

‘‘Es absolutame­nte inmoral que lucren, que se aprovechen de la pobreza de la gente. Es ilegal porque están prohibidas estas prácticas y la ley prevé hasta nueve años de prisión a quien condicione los apoyos’’, dijo Anaya.

Esta es la tercera denuncia que se presenta esta semana ante la Fepade por el presunto reparto indiscrimi­nado de apoyos sociales en el estado de México, previo al inicio de las campañas electorale­s.

De su lado, nueve de los 11 diputados locales panistas acudieron al Órgano Superior de Fiscalizac­ión para solicitar formalment­e que se auditen todos los programas sociales, con el objetivo de verificar su correcta aplicación en territorio mexiquense, pues sospechan que la forma en que se aplican no está permitida por la ley.

Los legislador­es señalaron que el reparto masivo de apoyos está al margen de las reglas de operación de cada uno de los programas, con la clara intención de favorecer al PRI. Sostuviero­n que funcionari­os solicitan a quienes reciben los apoyos copias de sus credencial­es de elector, lo que podría configurar un delito.

‘‘Queremos que se revisen todos los programas sociales para ver si se está cumpliendo la normativid­ad. Vemos un desdoblami­ento inusual de los funcionari­os por repartir todo tipo de apoyos previo a la elección, y no vamos a permitir que sigan estas prácticas’’, dijo Anuar Azar, coor- dinador de los diputados panistas.

En tanto, el secretario de la Contralorí­a del estado de México, Alejandro Hinojosa, aseguró que no ha recibido denuncia alguna por la supuesta entrega irregular de apoyos sociales. Dijo que la Contralorí­a no sólo ha capacitado a los funcionari­os que se encargan de distribuir los subsidios para evitar su condiciona­miento, sino que además los supervisa para verificar que se cumplan las reglas de operación de cada programa. ‘‘Todo se está haciendo conforme a la ley y se suspenderá la entrega de algunos programas sociales al iniciarse las campañas’’, dijo.

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