De fosas clandestinas y desapariciones
n las pasadas dos semanas los diarios nacionales han reportado dos nuevos hallazgos de fosas clandestinas en Morelos y Veracruz, aumentando la numeralia del terror en México. En el primer caso, se trata de la fosa común de Jojutla, en el cementerio municipal Pedro Amaro, donde hasta el 27 de marzo se habían encontrado 45 cuerpos, la mayoría de ellos sin expedientes ni necropsias y varios totalmente vestidos y con pies y manos atadas. Al igual que en la fosa de Tetelcingo, donde el año pasado se exhumaron 117 cuerpos, se trata de fosas comunes gubernamentales, que al parecer han sido usadas para deshacerse de víctimas del crimen organizado. Las irregularidades de las inhumaciones y las condiciones en las que los cuerpos han sido encontrados hacen difícil diferenciar las fosas comunes gubernamentales de las fosas clandestinas del narco. En cualquier otro país democrático, estas exhumaciones habrían dado pie a investigar la cadena de mando y realizar destituciones al más alto nivel.
Paralelamente, en Veracruz en el predio Colinas de Santa Fe, el colectivo El Solecito, formado por familiares de desaparecidos, encontró 250 restos humanos en 120 fosas clandestinas. Ambos procesos de exhumación continúan y es muy probable que los números sigan aumentando. El país parece estarse convirtiendo en un gran cementerio clandestino, sin que a la fecha se finquen responsabilidades ni se logren identificar la mayoría de los cuerpos encontrados.
La existencia de fosas clandestinas ha ido de la mano con el fenómeno de la desaparición de más de 26 mil personas, que bajo el eufemismo de “personas no localizadas”, ha venido a ocultar la red de complicidades entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.
Este contexto de graves violaciones a los derechos humanos, plantea nuevos retos para quienes investigamos desde las ciencias sociales y otras disciplinas afines temas relacionados con el acceso a la justicia. Estamos ante un periodo de emergencia nacional que muchos científicos prefieren ignorar. Sin embargo, integrantes de una generación joven de arqueólogos y antropólogos físicos especializados en culturas mesoamericanas han decidido convertirse en investigadores forenses para acompañar a los familiares en sus búsquedas. Antropólogas jurídicas y sociales que trabajamos temas relacionados con el pluralismo legal o los derechos indígenas, estamos incursionando en nuevos campos disciplinarios que nos acercan a lo que el antropólogo español Francisco Ferrándiz ha llamado la “etnografía a pie de fosa”. El Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), con mucho compromiso, poco presupuesto y el apoyo institucional de Ciesas (http://www.giasf.org), ha recorrido en año pasado los estados de Veracruz, Coahuila, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Morelos y Nuevo León, dando capacitación y asesoría técnica y legal a colectivos de familiares de personas desaparecidas en temas de búsqueda y exhumación de restos humanos. El