Gran número de programas interfiere en el desarrollo social integral: Coneval
De manera individual cumplen su propósito y atienden a beneficiarios Los grupos vulnerables necesitan políticas públicas más amplias, señala en informe
La política de desarrollo social se aplica con 5 mil 491 programas, lo que implica mayor costo de operación entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Dicha instancia elaboró el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2016. El pasado jueves se dio a conocer en la Cámara de Diputados y en su contenido se recomienda definir una visión más amplia del desarrollo –más allá de los indicadores de pobreza– que potencialice el acceso efectivo a los derechos sociales de todos los segmentos de la población.
A la fecha, el indicador de pobreza –retomado por las instancias de gobierno– incluye ingreso de los hogares, rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social, carencia en la calidad y los servicios de la vivienda, así como carencia alimentaria, favoreciendo “la generación de estrategias de coordinación de la política social, aun entre gobiernos de partidos políticos distintos”.
Aún así, los grupos vulnerables siguen necesitando políticas públicas más amplias que consideren sus particularidades para que puedan contar con oportunidades económicas, políticas y sociales similares a las de los demás:
“El enfoque de la política de desarrollo social que se ha centrado en los indicadores de pobreza necesita establecer una visión más amplia del desarrollo. Los indicadores de pobreza son sólo un primer paso, un piso mí- nimo en la ampliación de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos sociales. El enfoque de la política pública debe seguir incluyendo la eliminación de la pobreza y la pobreza extrema, pero con un enfoque central de igualdad de oportunidades, que pasa necesariamente por el acceso efectivo a los derechos.
“Por ello parece necesaria la evolución de la política de desarrollo social hacia un enfoque de inclusión amplio en tanto no sólo se trate de proveer bienes, sino que potencialice el acceso efectivo a los derechos sociales de todos los segmentos de la población y busque garantizar la inclusión de todos los grupos para el ejercicio pleno de sus derechos.”
Medición de la pobreza
A partir de la medición de la pobreza, entre 2012-2016, el Coneval llegó a las siguientes conclusiones: los resultados de la medición de pobreza 2014 arrojan que el porcentaje de pobreza aumentó de 45.5 a 46.2 por ciento respecto de 2012; “este cambio, aunque no fue estadísticamente diferente de cero, representó un aumento de 2 millones de personas en esta condición”.
No obstante, la pobreza ex- trema se redujo de 9.8 a 9.5 por ciento en 2014; el número estimado de personas que dejaron esta condición fue de unas 87 mil; el ingreso laboral real, es decir, el poder adquisitivo del ingreso laboral, se incrementó entre 2015 y 2016, con lo cual se recuperó el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares mexicanos, que había caído entre 2007 y 2014, refiere el informe.
Una complicación es el gran número de programas sociales “que de forma individual cumplen sus objetivos y atienden a sus beneficiarios, pero que en una perspectiva de integralidad respecto al objetivo más amplio (el desarrollo social) se contraponen con otros programas, no se complementan o dejan vacíos”.
Frente a esa realidad, el Coneval ha identificado, hasta 2016, 5 mil 491 programas y acciones de desarrollo social. “De ellos, 233 son federales que operaron en 2015. Del Inventario Estatal 2014 se identificaron 2 mil 528 programas y acciones de desarrollo social y a nivel municipal se identificaron 2 mil 730 inter- venciones en materia de desarrollo social en 2014-2015”.
En el delicado estrato de la población indígena, en 2014, siete de cada 10 personas indígenas se encontraban en pobreza; y de éstas, tres de cada 10 en pobreza extrema. En 2014, ocho de cada 10 indígenas se encontraban en empleos informales. Y la mitad de los indígenas nunca han cotizado a la seguridad social, lo cual significa que no contarán con una pensión o jubilación al fin de su vida laboral y podrían depender sólo de los programas sociales.