Contra el gobierno de León, 17 quejas por abusos y agresiones a comerciantes
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) ha integrado 16 quejas y una investigación de oficio contra el gobierno municipal de León por abusos contra comerciantes, quienes han sido golpeados, arrestados y discriminados por vender alimentos en el Sistema Integrado de Transporte.
La dependencia recibió 16 quejas el año pasado; en marzo de 2016 abrió una investigación de oficio contra inspectores de comercio, quienes golpearon y aplicaron descargas eléctricas a vendedores ambulantes en la estación San Juan Bosco.
De las 17 reclamaciones, ocho fueron por ejercicio indebido de la función pública; cuatro por tratos indignos, tres por violación al derecho a la libertad y dos por uso excesivo de la fuerza y molestias injustificadas, deta- lló la PDHEG. La dependencia emitió dos recomendaciones al presidente municipal de León, Héctor López Santillana; resolvió dos expedientes sin recomendación, archivó siete por desistimiento y concilió cinco casos, uno de ellos del comerciante Luz López, quien retiró la queja para ser atendido.
“Me han agredido tres veces, me subieron a la patrulla, me acusaron de provocar una escándalo en la vía pública. Van dos denuncias que pongo en Derechos Humanos, pero no dan ningún resultado. La última la retiré porque dijeron que me iba atender el director de mercados, pero nunca lo hizo”, acusó.
Protestan el 24 de marzo
Comerciantes se manifestaron el 24 de marzo anterior frente a la alcaldía para denunciar que unos 20 inspectores de comercio golpearon a tres vendedores, entre ellos un menor, y a dos les aplicaron descargas eléctricas.
“Quisieron despojarle los churros a mi esposa, agredieron a un chamaco de 13 años, me dieron un rodillazo, usaron la chicharra y luego la escondieron”, denunció el vendedor José Alfredo Jiménez Sánchez.
El año pasado, la otomí María Elena Secundin, fue golpeada y discriminada por vender semillas en la estación Delta. Este organismo de derechos humanos emitió una medida precautoria para garantizar la integridad física de la indígena.
La mujer fue agredida por personal de la Dirección de Movilidad del Grupo Halcón, integrado por ex policías que reprobaron las pruebas de confianza. Como operaban sin marco legal, el año pasado fue desintegrado.
En abril de 2016 los vendedores denunciaron ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local que el gobierno de León los trata como “criminales”. Los legisladores no propusieron un punto de acuerdo para exhortar a López Santillana, a parar los abusos contra los vendedores.