Activistas de EU exigen liberar a un reportero mexicano detenido en El Paso
En febrero solicitó asilo por amenazas de policías federales
Organizaciones de Estados Unidos exigieron la liberación del reportero del periódico Novedades Acapulco, Guerrero, Martín Méndez Pineda, quien tras recibir amenazas de muerte en México solicitó asilo político, pero fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas de El Paso, Texas.
El abogado migratorio Carlos Spector dio a conocer que el pasado 5 de febrero se presentó la solicitud de asilo de Méndez Pineda en un puente internacional, debido a que recibió amenazas de muerte y agresiones físicas por escribir informes de la Policía Federal.
Dijo que la organización Mexicanos en el Exilio, coordinada con el Concilio Migratorio de la Frontera y el Instituto Fronterizo Esperanza, denunció la retención del periodista, de 24 años, en el centro de detención de El Paso, donde le niegan la libertad condicional.
Spector refirió que Méndez Pineda lleva detenido más de 60 días y se encuentra en “condiciones deplorables”.
“Martín recibió amenazas a finales de 2016, fue asaltado por ocho oficiales de la PF, solicitó asistencia a la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y buscó ayuda de la organización Reporteros Sin Fronteras.
“Este expediente marca un momento muy importante en la historia del periodismo y del proceso de asilo político, hubo insultos de uno de los oficiales migratorios; lo entrevistaron y pasó el examen de miedo creíble, pero le rechazaron la libertad condicional”, lamentó.
El Instituto Fronterizo Esperanza, encabezado por Dylan Corbertt, consideró que el caso de Martín es ejemplo de la criminalización del migrante y las metodologías usadas por las agencias de protección fronteriza en Estados Unidos. buscan suprimir indebidamente, invitando a los agentes económicos preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones a que también busquen limitar las atribuciones del regulador en temas de competencia y calidad”, advirtió la organización.
Intromisión al Poder Judicial
La Amedi consideró que el dictamen “debe entenderse como una intromisión al Poder Judicial”, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza dos acciones de inconstitucionalidad sobre los derechos de las audiencias que presentaron la Presidencia de la República y el Senado.
“Corresponde al máximo tribunal discutir y resolver el asunto. El dictamen de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados debe entenderse como una intromisión al Poder Judicial, en cuyo momento procesal le corresponde resolver. El Congreso ya discutió y aprobó la reforma constitucional y la ley secundaria, el IFT ya emitió los lineamientos. Compete a la Suprema Corte resolver la inconstitucionalidad de las demandas”, puntualizó.
La Amedi indicó que los concesionarios se escudan en la defensa de la libertad de expresión de los medios y sus comunicadores, los mismos que tienen el privilegio de tener espacios en radio, televisión, prensa escrita e Internet, pero poco les importan los derechos de las audiencias.
Agregó que los diputados que aprobaron el dictamen tampoco se preocupan por las audiencias y reiteraron su llamado a respetar las leyes que aprobaron en 2013 y 2014 como parte de la reforma en telecomunicaciones.