ASTILLERO
◗ El soldado Peña Nieto Otra casaca militar holgada ◗ Justicia al estilo Porky
ace bien Enrique Peña Nieto en reconocer y enaltecer el trabajo diario de las fuerzas armadas mexicanas, que tratan de sostener y defender jirones de la institucionalidad que los políticos civiles han deshecho. Encomiable es que esos actos de gratitud oficial hacia los elementos militares se realicen frente a las familias de ellos y las incluyan. Lamentable, desde luego, es que esos actos de respeto y honra sean tan frecuentes que parezcan un recurso político para tratar de afianzar la lealtad y apoyo de esas fuerzas armadas ante el declive generalizado del poder civil, una suerte de frotamientos retóricos en espera de que las varias inconformidades del sector castrense (que son parte de las varias y activas inconformidades de la sociedad mexicana en general) no se traduzcan en distancia o reticencia respecto de los actos del deficitario grupo de civiles que desgobiernan al país. También desmerecen tales homenajes cuando el impugnado ocupante de la silla presidencial utiliza tales escenarios para faenas politiqueras y electoreras, en busca de desprestigiar de manera insidiosa a su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador, e incluso generar la impresión de que un eventual triunfo de éste, en 2018, sería mal visto o rechazado por quienes tienen el poder de las armas. En tales andanzas de utilización política del foro castrense, ante 32 mil miembros de las tres ramas militares (soldados, marinos y personal aéreo) y sus familias, Peña Nieto se colocó, metafóricamente, la holgada casaca militar al estilo de Felipe Calderón Hinojosa: “no fui formado en la disciplina militar, no fui formado como soldado, pero al asumir esta responsabilidad, dado el orden constitucional, de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, sí me asumo como uno de ustedes” (https://goo.gl/tjOhgq ), dijo quien ocupa el timón nacional a nombre de un partido, el Revolucionario Institucional que, en su momento, canceló el militar como uno de sus sectores y, a partir de Miguel Alemán Valdés, ha marcado una moderna distancia en el ejercicio del poder entre los personajes militares y los civiles. El peculiar encuentro se realizó en el Campo Mili- tar número uno y fue reproducido en instalaciones de las regiones militares del país, con la intención de que fuera visto por la totalidad de los miembros de las fuerzas armadas. El tono discursivo elegido fluctuó entre el elogio abierto y el rechazo a quienes “descalifican” el actuar de los militares. En particular, Peña Nieto se asumió como juez para dictaminar que los señalamientos, quejas y acusaciones contra dichas fuerzas armadas son “inadmisibles e inaceptables”, lo cual a todas luces constituye un despropósito, pues la Constitución y las leyes secundarias permiten y garantizan claramente que los ciudadanos puedan impugnar los actos de poder que les parezcan reprobables, sean ejecutados por civiles o militares. Según Peña Nieto, expresamente asumido ya como soldado, quienes critican las acciones de soldados, marinos y fuerza aérea lo hacen “por ignorancia o con dolo” y, ya en pleno desliz en el tobogán de la oratoria sin sustento jurídico ni institucional, aseguró que “quienes denigran la labor de nuestras fuerzas armadas, denigran a México; quienes lastiman a nuestras fuerzas armadas, lastiman a México; quienes desacreditan el trabajo de nuestras fuerzas armadas, desacreditan a México”. Y, por si alguien dudara que la postura de Peña Nieto forma parte de la acometida política contra López Obrador, practicada ya antes por miembros del gabinete peñista y el taxista dirigente nacional del PRI, el mexiquense dijo ser “el primero” en condenar “aquellas expresiones” que han señalado, condenado y fustigado a las fuerzas armadas, y las palabras de quienes han dicho que estas fuerzas se han dedicado a ofender, lastimar, faltar a los derechos humanos, “a masacrar, como alguno se atrevió a decir”. Otro juez, Anuar González Hemadi, emitió una resolución que constituye una pieza memorable de pornografía judicial, de virtual incitación al delito sexual contra menores de edad y personas en general. Bajo un denso tufo de actuar a partir de estímulos económicos o por presiones superiores (así ha sucedido en múltiples casos, y en el de los jóvenes apodados los Porkys siempre ha habido una combinación de clasismo, capacidad económica e influencias políticas), dicho juez de distrito consideró que no se demostró “fehacientemente” la comisión de delitos contra una joven víctima de abusos sexuales. Con razonamientos retorcidos y francamente irritantes, González Hemadi ha pretendido establecer que tocamientos y ciertas acciones físicas en áreas genitales no necesariamente constituyen actos lascivos ni significan una agresión sexual, así que abrió el camino hacia la libertad del joven Diego Cruz Alonso, quien había sido detenido en España y luego fue extraditado a México. El otro Duarte, César, ex gobernador de Chihuahua, ayer pasó a formar parte de la galería de políticos mexicanos prófugos de la acción de eso que llaman justicia pues, según informó el actual mandatario estatal, Javier Corral Jurado, hay varias órdenes de aprehensión contra su antecesor, relacionadas con una “red de corrupción”. En ese tenor, se ha encarcelado a tres ex funcionarios de esa pasada administración priísta y estaría por librarse una decena más de órdenes de encarcelamiento. Mención especial merece el caso del suplente de diputado federal Antonio Enrique Tarín García, quien pretendió tomar posesión del cargo ayer, en sustitución del titular, Carlos Hermosillo, quien falleció días atrás en un accidente. Tarín, quien fue director de adquisiciones del gobierno estatal, tiene una orden de aprehensión en contra relacionada con los actos de simulación y corrupción realizados en complicidad con el Grupo Fritag, propiedad de Jaime Agustín Fong, un sobrino político de César Duarte Jáquez. Aun cuando no hay una referencia expresa, la acometida contra este ex gobernador priísta tiene como contexto el asesinato de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach. ¡Hasta mañana!