Gobernadores y corrupción
a detención en Italia del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, prófugo desde 2012 por cargos relacionados con narcotráfico y corrupción y reclamado tanto por la justicia mexicana como por la estadunidense, es el más reciente recordatorio de una serie de casos judiciales protagonizados por ex gobernadores o por altos funcionarios estatales en el país.
Cabe recordar que César Duarte Jáquez y Javier Duarte Ochoa, quienes recientemente dejaron las gubernaturas de Chihuahua y Veracruz, se encuentran prófugos; que Roberto Borge, Guillermo Padrés Elías, Humberto Moreira, Luis Armando Reynoso Femat y Rodrigo Medina de la Cruz (ex gobernadores de Quintana Roo, Sonora, Coahuila, Aguascalientes y Nuevo León, respectivamente) han debido enfrentar en meses recientes acusaciones penales en México o en el extranjero, y que el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, y el ex secretario de Hacienda de Coahuila, Carlos Villalobos Organista, fueron detenidos con diferencia de días en territorio estadunidense; uno en San Diego, California, acusado de tráfico de estupefacientes, y el otro, en Phoenix, Arizona, por presunto desvío de recursos.
Más allá de la pésima imagen del país que proyecta la persecución internacional de mandatarios y de altos cargos estatales mexicanos, es innegable que las imputaciones y arrestos de gobernadores y de sus cercanos colaboradores, sea en el territorio nacional o fuera de él, conforman un retrato alarmante y exasperante de la descomposición institucional que padece el país, de la incapacidad oficial para controlar la desbordada corrupción y de la insolvencia de los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas federales y estatales; particularmente, en ese segundo nivel, es