Desde hace 20 años había indicios de delincuencia
Aunque las primeras denuncias de que Tomás Yarrington Ruvalcaba tenía supuestos vínculos con grupos delincuenciales datan de por lo menos 20 años, fue hasta 2012 que las autoridades mexicanas comenzaron a investigarlo y congelaron sus cuentas bancarias, aunque aun así tuvo la oportunidad de darse a la fuga.
Según datos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), desde la década de los 90 el empresario mexicano Antonio Peña Argüelles empezó a fungir como vínculo entre el cártel de Los Zetas y Yarrington, quien en ese entonces era presidente municipal de Matamoros.
De acuerdo con un seguimiento hemerográfico sobre el tema, luego de ganar la gubernatura de Tamaulipas (1999-2004), Yarrington comenzó a ser analizado más de cerca por las autoridades tanto de México como de Estados Unidos.
Finalmente, en 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió un expediente contra Yarrington Ruvalcaba, luego de que su antiguo socio Antonio Peña Argüelles admitió haber actuado como su prestanombres para adquirir inmuebles y otras propiedades por cantidades millonarias.
En esa misma indagatoria comenzaron a analizarse los señalamientos de que el tamauli- peco tenía nexos con líderes de Los Zetas, entre ellos Heriberto Lazcano y Omar Treviño. Fue cuando Peña Argüelles se ofreció como testigo colaborador de la PGR y de la DEA.
Sin embargo, fue hasta 2012 cuando las autoridades judiciales mexicanas dieron a conocer que se encontraba investigando a Yarrington y a los también ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores. Los tres se habían negado a declarar sobre el homicidio del candidato priísta Rodolfo Torre Cantú, ocurrido en 2010.
Al estar acusado de presuntas operaciones financieras e inmobiliarias con recursos de procedencia ilícita, Yarrington vio cómo la PGR le solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento de sus cuentas.
Un mes después, en julio de 2012, se inició otra investigación en contra del ex mandatario por delitos contra la salud, lo que llevó a un juez federal a girar a una orden de aprehensión en su contra. La PGR determinó un plazo de 60 días para que Yarrington demostrara la legítima propiedad de sus cuentas bancarias, pero nunca se presentó.
Cinco años después, Yarrington fue arrestado por la policía italiana en Florencia, donde permanece detenido en espera de ser extraditado a México o a Estados Unidos.