Legisladores mexicanos ponen en duda la eficiencia del plan migratorio de Trump
Ni criminalizar ni encarcelar resolverá el problema, subrayan senadores y diputados Demandan al gobierno recurrir a organismos internacionales para exigir respeto
Los partidos de la Revolución Democrática ( PRD), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y Movimiento Ciudadanos en el Senado y en la Cámara de Diputados cuestionaron el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, pues “no es criminalizando a los indocumentados ni metiéndolos a la cárcel como se resolverá el problema”.
Layda Sansores, senadora del Partido del Trabajo (PT), calificó de preocupante la política de discriminar y tratar a los migrantes como criminales, como lo anunció el martes Jeff Sessions, secretario de Justicia de Estados Unidos, ya que ello se opone a los derechos humanos.
Subrayó que el gobierno debe recurrir a organismos internacionales para pedir la solidaridad y hacerlo de manera oficial y no a través de una llamada telefónica como “lo dice el canciller Luis Videgaray”.
La panista Mariana Gómez llamó a permanecer alertas frente a estas medidas y dijo que se debe trabajar con los legisladores del país del norte sobre este tema. Comentó que en la tercera semana de abril se tiene previsto un viaje de senadores a Estados Unidos para hablar con su pares y con representantes sobre el asunto.
Dolores Padierna, coordina- dora de los perredistas en la Cámara de Senadores, manifestó que en las reuniones que sostendrán en Washington a partir del 20 de este mes, “los trataremos de convencer de que la migración debe verse desde el punto de vista de los derechos humanos”.
Dijo que insistirán en que Estados Unidos no puede criminalizar a toda la gente que busca trabajo para sobrevivir. “Eso no es delito en ninguna parte del mundo”.
Mientras, Víctor Sánchez, diputado por Movimiento Ciudadano, resaltó que es preciso que el gobierno de Enrique Peña Nieto salga en defensa de los connacionales, porque hasta ahora “sólo hemos escuchado discursos y promesas de acciones, que cuando más, aportan cantidades irrisorias de recursos para respaldar a millones de mexicanos en desgracia”.
Para Guillermo Santiago, diputado por Morena, la administración federal mexicana tiene la obligación política, ética y moral de evitar este gran atropello y vio- lación a los derechos humanos.
El martes el secretario de justicia de Estados Unidos anunció que se endurecerán las sanciones a los indocumentados que hayan sido deporta- dos y regresen a este país, así como a quienes promuevan su entrada.