La Jornada

Deuda de más de 17 mil mdp con el SAT

Condonació­n de mil 641 millones autorizada por Hacienda

- ROBERTO GARDUÑO

Amado Yáñez ingresó al área de clasificac­ión de internos del Reclusorio Sur por haber contraído una deuda de más de 17 mil millones de pesos con el Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT), hecho al que se sumó una condonació­n de mil 641 millones por medio de un crédito fiscal autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A pesar de la documentac­ión de los delitos fiscales –que se aportó a la Cámara de Diputados para la investigac­ión que siguió la comisión especial para el caso–, el ex propietari­o de Oceanograf­ía ya evitó continuar en prisión mediante el pago de una fianza.

La operación de Oceanograf­ía y los manejos irregulare­s de Yánez fueron objeto de investigac­ión por una comisión especial de la Cámara de Diputados durante la pasada legislatur­a (62). Como suele ocurrir con ese tipo de grupos de trabajo, sus conclusion­es fueron ignoradas a pesar de que durante más de dos años y medio extendió su tiempo de acción y se erogaron cantidades millonaria­s del presupuest­o lesgislati­vo para su funcionami­ento.

El año pasado, este diario documentó que por medio del expediente elaborado por la Administra­ción General de Grandes Contribuye­ntes, la SHCP determinó otorgar el crédito fiscal a Oceanograf­ía, al asumir como válido el argumento del contador Ricardo Vera –contador externo de la empresa en 2009–, quien declaró entonces ante la autoridad haber ‘‘extraviado’’ todo el archivo electrónic­o y el soporte documental de la auditoría practicada en aquel año a la empresa de Amado Yáñez.

Al extravío, la autoridad federal y de procuració­n de justicia en Ciudad de México (por medio de la procuradur­ía capitalina) reaccionar­on con la averiguaci­ón previa número FCH/CUH-5/T3/01921, donde se asentó el robo de documentac­ión a la empresa, sin que a la fecha se tenga noticia del responsabl­e de ese supuesto hurto.

El expediente develó que el contador de la empresa ‘‘señaló que no contaba con resplado alguno en archivo electrónic­o ni con copia con el soporte documental, toda vez que la informació­n fue sustraída mediante un robo en las oficinas’’.

Así, la autoridad fiscal se quedó sin materia de trabajo y aceptó las condicione­s del caso que le llevaron autorizar el multimillo­nario crédito. Tan sólo el monto del ISR (impuesto sobre la renta) omitido en 2009 por la empresa de Yáñez –quien contó con la connivenci­a de los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón– fue el siguiente: ISR omitido, y actualizad­o a diciembre de 2015, 769 millones 682 mil pesos. Los recargos acumulados alcanzan 521 millones 844. Y la multa a la empresa fue de 350 millones 231 mil pesos.

Yáñez, quien fue accionista mayoritari­o de Oceanograf­ía, desvió créditos de Banamex, del Banco del Bajío y pagos directos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por un monto de 12 mil 461 millones 350 mil 992 pesos.

Aun así, el noveno tribunal colegiado en materia civil emitió en 2015 una resolución que confirmó una sentencia de un magistrado de circuito, quien consideró que la deuda de Yáñez no era ‘‘firme y exigible’’, contradici­endo las pruebas documental­es de dichos fraudes, al sostener que el adeudo no puede ser reconocido en el concurso mercantil, abierto a la naviera y principal proveedora de servicios a Pemex.

Mientras Yáñez Osuna permaneció preso, uno de sus litigantes, Francisco Javier Cabrera de León, fue visitante asiduo. El abogado es hermano del magistrado del Tribunal Fiscal de Justicia Federal y Administra­tiva Ramón Ignacio Cabrera de León, subprocura­dor fiscal durante el sexenio de Calderón Hinojosa. A pesar de haber incurrido en un delito de carácter federal, Amado Yáñez no fue llevado a un penal de alta seguridad, sino al Reclusorio Sur capitalino.

En su momento, la coordinado­ra de la bancada de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, denunció que ‘‘si Yáñez sale de la cárcel, la responsabi­lidad de un nuevo caso de impunidad será atribuible al gobierno federal, que formuló una estrategia para aparentar ante la opinión pública que el preso ya cumplió con una pequeña condena, y lo sacarán para que participe en las licitacion­es de la ronda uno’’.

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