La Jornada

La liberación de Amado Yáñez, para ocultar complicida­des en saqueo de Pemex: senadores

Malestar por la sobreventa de boletos de avión Indignante, la forma en que han protegido al dueño de Oceanograf­ía, dice Bartlett Señalan negligenci­a de la PGR; “se confirma el uso discrecion­al del aparato de justicia”

- ANDREA BECERRIL ANDREA BECERRIL

La liberación del dueño de Oceanograf­ía, Amado Yáñez, comprueba el uso discrecion­al del aparato de justicia para beneficiar a “personajes ligados al poder” y ocultar así complicida­des de los gobiernos del PRI y el PAN en el saqueo de Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtiero­n los coordinado­res de PRD y PT en el Senado, Dolores Padierna y Manuel Bartlett, respectiva­mente.

Yáñez abandonó la prisión, en la que estuvo sólo dos años y seis meses, gracias a la negligenci­a de la Procuradur­ía General de la República (PGR), que desde la época en que Jesús Murillo Karam fue titular de esa dependenci­a no actuó a fondo contra Oceanograf­ía, tras demostrars­e que utilizó documentos falsos derivados de su relación contractua­l con Pemex y que defraudó a Citigroup-Banamex, recalcó la perredista.

La senadora Padierna expuso que el empresario logró salir de prisión pese a que el fraude contra Al comprar un boleto de avión, el pasajero programa la fecha y hora en la que desea viajar; sin embargo, en el Aeropuerto Internacio­nal de la Ciudad de México no hay una certeza de que esto se cumpla, sobre todo en temporada vacacional, en la que los retrasos en los vuelos pueden sobrepasar la hora y que por sobreventa o cancelacio­nes los usuarios terminan sin llegar a su destino.

Nancy denunció que aunque compró su boleto con dos semanas de anticipaci­ón, su vuelo de ayer a La Paz, que estaba planeado a las 15:15, se demoró dos horas, pero “nadie se hace responsabl­e del tiempo perdido ni informan por qué está retrasado”.

Por su parte, Alfredo dijo que debía llegar a San José, Costa Rica, pues lo esperarían en el aeropuerto de aquel país, pero el vuelo que debía de salir a las 16:16 al menos ya llevaba una hora de retraso, “pero aquí la terminal aérea dice que estos retrasos son culpa de las aerolíneas, y ellas dicen que es al revés”.

Isabel Vargas, en redes sociales, denunció también que el vuelo que tenía planeado para las 10 de la mañana hacia Panamá fue sobrevendi­do, por lo que le asignaron un cambio a las 12 horas, y la única respuesta que recibió fue: “legalmente lo tenemos permitido”.

En este sentido, ayer en Twitter Interjet informó que cuenta con una garantía de “no sobreventa”, con la que sus clientes estarán seguros: “tu asiento no será ofrecido a otro pasajero”. Sin embargo, este servicio tiene costo extra.

A los retrasos en los vuelos se agrega la larga espera para recoger el equipaje. Citigroup –por 5 mil 312 millones de pesos– es un delito grave, que alcanza una pena de ocho a 15 años de prisión, debido a que la PGR no presentó ante el Ministerio Público el monto del quebranto causado por Oceanograf­ía.

Tanto la PGR como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han actuado como lo hizo el fiscal Eric Holder en Estados Unidos, al librar de la cárcel a delincuent­es de cuello blanco de Wall Street, responsabl­es de una crisis económica mundial. “Su argumento fue que perseguirl­os era inconvenie­nte, ya que ello afectaría a muchas familias que dependen de las empresas dirigidas por los imputados”.

Son palabras “llenas de cinismo”; esa tesis se aplicó en el caso de Amado Yáñez, quien fue excarcelad­o luego de obtener un beneficio que se otorga sólo a quien fue privado de la libertad por delitos en torno a cantidades irrisorias.

Por separado, el coordinado­r del PT, Manuel Bartlett, comentó que es indignante la forma en que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha protegido al dueño de Oceanograf­ía, quien desde los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se benefició con contratos fraudulent­os con Pemex, empresa a la que saqueó impunement­e.

El gobierno federal ni siquiera valoró el monto total del daño que Oceanograf­ía provocó a Pemex, en contuberni­o con funcionari­os de esa empresa que Senadores del PRI impulsan una iniciativa para modificar la legislació­n secundaria de la reforma energética, a fin de obligar a las empresas extranjera­s y nacionales que reciban contratos para la exploració­n y explotació­n de hidrocarbu­ros a contratar a trabajador­es mexicanos, sobre todo de la región en que se establezca­n, y de manera particular a despedidos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El senador priísta Óscar Román Rosas dijo que es necesaria esa modificaci­ón, debido al elevado número de petroleros desemplead­os. Tan sólo en Campeche, entidad a la que representa, 30 mil trabajador­es de Pemex fueron despedidos en los meses recientes, puntualizó.

Hizo notar que la contrataci­ón de mano de obra local es la mejor manera de incluir en el desarrollo a las comunidade­s y regiones donde se lleven a cabo las actividade­s de explotació­n de petróleo, vía asignacion­es de contratos.

El legislador confía en que la en los pasados tres sexenios se beneficiar­on con contratos no cumplidos, insistió Bartlett.

Padierna dijo que hubo un acuerdo entre Peña Nieto y el PAN para ocultar las dimensione­s del saqueo sistemátic­o que Oceanograf­ía practicó a Pemex en el sexenio pasado y en el actual, en un esquema que utilizó a la entonces paraestata­l como “botín de guerra del partido ganador de la elección presidenci­al”.

Recordó que el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo a los senadores de la comisión de investigac­ión del caso que sus acciones buscaban proteger ante todo la plantilla laboral, evitando despidos masivos. La naviera tenía, vía outsourcin­g, 11 mil empleados.

“Sin embargo, la PGR no cumplió con su objetivo y Oceanograf­ía fue a concurso mercantil. Los despidos continuaro­n y más de dos tercios de la plantilla laboral se encuentran hoy día en el desempleo. En tanto, Yáñez ha obtenido la libertad tras pagar 7 millones y medio de pesos con recursos mal habidos.

“Por si fuera poco, en el proceso el juez anuló las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública a Oceanograf­ía: la inhabilita­ción para concursar en contratos públicos, además de determinar nula la pena monetaria. Ello pese a que el IMSS y el Infonavit presentaro­n demandas penales contra la naviera por incumplimi­entos de obligacion­es laborales”, concluyó.

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