El PRI, responsable de frenar la ley de contratación de obra pública: Barbosa
La iniciativa, encaminada a erradicar la corrupción
De 2013 a la fecha el monto de la inversión para construir el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México pasó de 169 mil millones de pesos a 186 mil 92 millones. Los recursos privados representarán 65 por ciento del valor total del proyecto.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Grupo Aeropuertario de Ciudad de México (GACM), entregó un documento al conjunto especial de diputados que da seguimiento a la construcción de la nueva terminal aérea, en el cual desglosa el plan financiero aplicable a la obra.
Emiliano Álvarez, diputado de Morena e integrante de ese grupo de trabajo, reprochó el valor de obra, que se encuentra en proceso de levantamiento en terrenos de Texcoco.
“Nos encontramos en todos los casos con una mentira tras otra, al revisar lo que el grupo aeroportuario y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nos han entregado: ya lo publicó La Jornada, que el desarrollo máximo de esta obra va a ser hasta 2065 y que será muy costosa, ya que al inicio se presupuestaron 169 mil millones de pesos y ahora se manejan 186 mil en tan sólo un año.
En época de crisis
“El actual aeropuerto no es una obra que le esté sirviendo al país, y en la condición económica en que estamos esto contrasta con la propuesta atinada que hizo Andrés Manuel López Obrador, de ampliar la base aérea de Santa Lucía. En los documentos del grupo aeroportuario nos dicen que entre 2020 y 2030 se tendrán tres pistas, es decir, sólo una más de las que ya existen en el aeropuerto Benito Juárez.
“En la propuesta de López Obrador se tendrían cinco pistas en 2020 entre los dos aeropuertros (Santa Lucía y el Benito Juárez), es una obra viable, con proyecto económico; aún es tiempo de parar la actual obra, que es majestuosa, faraónica.”
El plan financiero de la obra contempla el diseño de un esquema mixto de recursos, tanto de fuentes fiscales como privadas. La participación privada podrá ascender a 6 mil millones de dólares, que provendrán del mercado de capitales, que representan cerca de 65 por ciento del valor total del proyecto.
La primera etapa consistió en una línea de crédito revolvente por 3 mil millones, la cual se irá refinanciando mediante emisiones de bonos. Y ya ha iniciado la segunda etapa de financiamiento, en la cual se emitieron bonos por un total de 2 mil millones de dólares, a un plazo de entre 10 y 30 años; “con esto se resuelven las necesidades de recursos para la presente administración”.
Para la autoridad encargada del proyecto, éste es autofinanciable, porque genera su propia fuente de pago.
Así, en la primera etapa del financiamiento, que consistió en La iniciativa conjunta de PAN y PRD para expedir la ley de contratación de obra pública, encaminada a erradicar la corrupción, quedará pendiente para el próximo periodo de sesiones, ya que no hubo voluntad política del PRI para aprobarla, advirtió el ex perredista Miguel Barbosa.
Lamentó que esa reforma prioritaria no pueda aprobarse antes del 30 de este mes en que concluye el periodo ordinario, ya que no ve viable un periodo extraordinario en medio de la elección del estado de México.
En la exposición de motivos se advierte que aunque la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública representó un gran paso, carece de uniformidad en lo relativo a las obligaciones sobre inversiones y contrataciones públicas, donde se dan los mayores casos de corrupción.
PAN y PRD advierten que a pesar de que el Estado mexicano se comprometió a adoptar como base la Ley Modelo de la ONU para contrataciones públicas, así como la guía para su incorporación, a efecto de reformar la legislación en la materia, no ha habido avances significativos.
Mencionan que, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, en 2007 México fue calificado con 35 puntos y se ubicó en el lugar 72 de 167. Para 2015 siguió con la misma evaluación –de 35 puntos, pero cayó hasta el lugar 75, por debajo de países como Burkina Faso y Liberia.
En cuanto al continente americano, México se ubica en la posición 15, muy por debajo de Cuba o El Salvador. Pero “el dato más crudo es entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desa- rrollo Económicos, pues de sus 34 integrantes México ocupa la última posición”.
La reforma, por ello, pretende erradicar la corrupción, vía mayor transparencia en los procesos de contratación de obras públicas. Se dota a CompraNet de mecanismos que permitan a la sociedad en general acceder a los contratos firmados por entes públicos con empresas contratistas, así como información sobre las fases previa y posterior a la licitación, es decir, desde la evaluación de las necesidades a la gestión del contrato y el pago.
Uno de los puntos centrales de la propuesta de ley de contratación de obra pública es que se fortalece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, que no podrán modificar, cancelar o adicionar contratos, ni delegar funciones en sus representados.
Aunado a ello, se incluye un mecanismo de cooperación entre la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción para impedir prácticas desleales o colusión.
Se reduce el monto de la inversión para los proyectos de gran magnitud o alcance relevante, lo que permitirá mayor control y supervisión de las obras, evitando con ello pérdidas económicas y corrupción durante la ejecución de proyectos.
Además, se implementa un padrón de proveedores que permitirá garantizar mecanismos y procedimientos para promover mejores formas de contratación para el Estado mexicano.