“La reforma laboral no se le heredará al próximo gobierno”
Se aplicará en tiempo y forma, asegura el titular de la STPS
n el preámbulo de las elecciones en el estado de México, consideradas el gran laboratorio de los comicios federales y el parámetro más importante de las fuerzas partidarias, decenas de organizaciones y colectivos indígenas y campesinos, de derechos humanos, del magisterio y de defensa del territorio dieron a conocer un manifiesto en el que renuncian a “seguir siendo bastión del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”. El manifiesto es un llamado a la organización y a la resistencia en la cuna de los actuales dueños del PRI y de buena parte del país, una entidad en la que también el resto de los partidos políticos ha visto crecer sus cacicazgos. “Renunciamos a ser acumulación de capital político”, advierten quienes han visto desfilar en sus municipios a casi todos los colores del esquema institucional. Por eso, señalan en el manifiesto titulado La voz de quienes resisten en la periferia se enciende, “alzamos la voz para comenzar un fuerte proceso de información y resistencia”. Los que nacimos en el estado de México sabemos lo que es (sobre) vivir en la herradura que cobija, alimenta y ofrece agua y aire a la capital del país. Sabemos lo que es trasladarnos durante dos o tres horas y llegar a reposar a una ciudad dormitorio. “Somos quienes trabajan en los grandes corporativos, en las colonias gentrificadas y de alto valor comercial; quienes limpiamos los hogares, las oficinas, quienes hacemos brotar la comida del campo”, explica el documento signado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y Texcoco, la Coordinación de Pueblos en Defensa de la Energía Eléctrica, Defensores de los Bosques de Temoaya, Familiares de la presa y presos políticos de Tlanixco, el Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales de Coyotepec, Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa y el Pueblo indígena Otomí de San Francisco Magú, entre muchas otras. En el estado de México, añade el manifiesto que circula para que más organizaciones e individuos se adhieran, se juntan todos los factores que definen la periferia. Aquí, en el laboratorio de la ley Eruviel, “la seguridad es un estado de sitio en las calles y la política es un gobierno narco-asesino-corruptofeminicida”. Todo esto es la vida creada por el PRI; padre de la forma de hacer política, oficial y clandestina, en esta entidad en la que todo pasa por sus manos y está hecho a su modo”. Por eso, advierten, ante la aplanadora, la organización. A pesar de las restricciones presupuestales para este año y el entrante, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) promete aplicar en tiempo y forma la reforma en materia de justicia laboral. “No voy a dejar ese pendiente a la próxima administración”, sostuvo el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida.
El grueso de los asuntos rezagados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se relacionan con aspectos de seguridad social, con gran carga de dos de las principales empresas públicas del país: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, además de organismos como los institutos Mexicano del Seguro Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La reforma constitucional fue aprobada en noviembre de 2016, y ordena sustituir las juntas de conciliación por tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF). También aprobó el voto personal, libre y secreto para resolver conflictos entre sindicatos, así como la creación de nuevos centros y un registro sindical nacional.
Se prevé la apertura de un centro federal y 32 locales para la función conciliadora, es decir, de análisis y posible resolución de casos, antes de enviarlos a un tribunal del PJF.
En lo que toca a la STPS, después de la pretendida depuración de expedientes actuales y en rezago, es posible que las nuevas instancias queden en los inmuebles actuales, es decir, sólo se cambiarían funciones.
“Primero, estamos adelgazando esos asuntos que no son jurisdiccionales y diciendo a los jurídicos que dejen de hacerse tontos porque hay familias que requieren los recursos (de procedimientos pendientes en la JFCA). Es por un lado adelgazar y digitalizar los asuntos.”
Especialmente en referencia al voto secreto, subrayó que el cambio legal era necesario, aun en perjuicio de aliados de este gobierno (como el sector obrero del Partido Revolucionario Institucional).
En otro tema, el funcionario ratificó la posible evaluación del salario mínimo en mayo, para analizar lo ocurrido en el primer trimestre del año en materia de precios y poder adquisitivo. “Yo estoy esperando el análisis; el ofrecimiento está vivo (de hacer un reajuste a este factor). Si las condiciones económicas nos muestran que esa pérdida de poder adquisitivo obliga a los factores de la producción a sentarnos, lo vamos a hacer”, comentó.
En los próximos días, el secretario se reunirá con dirigentes de organismos empresariales y líderes de las centrales obreras para tomar una decisión con base en “dichos, hechos, y no con sentimientos. “Entiendo las carencias, la pérdida de 75 por ciento del poder adquisitivo, pero reconozcan tantito que por primera vez en 40 años llevamos una recuperación de 18 por ciento; no es un asunto de popularidad, sino de datos”, expresó.
En el contexto económico, Navarrete se muestra optimista sobre el crecimiento de México respecto del 1.5 promedio de la región y de los problemas específicos de algunos países similares al nuestro. Adjudica esta situación a las recientes reformas estructurales.