La Jornada

Demandan al gobierno de BCS aclarar el asesinato del periodista Max Rodríguez

La CNDH convocará a encuentro para abatir impunidad en ataques a comunicado­res Es importante dar con los responsabl­es, dice Roberto Campa a Carlos Mendoza Davis

- FABIOLA MARTÍNEZ

El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista­s –coordinado por la Secretaría de Gobernació­n– condenó el asesinato del periodista Max Rodríguez Palacios y exigió al gobierno de Baja California Sur esclarecer el caso. El homicidio ocurrió la mañana del viernes en La Paz, capital de la entidad. Con éste suman ya cuatro homicidios en lo que va del año en contra de periodista­s en el país.

Maximinio Rodríguez Palacios trabajaba para el portal de noticias y denuncias ciudadanas Colectivo Pericú, con la columna “Es mi opinión”. La junta de gobierno del mecanismo de pro- tección exigió a las autoridade­s competente­s el pronto esclarecim­iento de los hechos y la sanción a los culpables.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato y pidió al gobierno estatal que le otorgue medidas cautelares a los familiares de la víctima.

Indicó que integrante­s de su Programa de Agravios a Periodista­s y Defensores Civiles de Derechos Humanos ya se trasladaro­n a La Paz para conocer el estado que guarda la carpeta de investigac­ión iniciada sobre el caso, así como analizar con el personal ministeria­l la necesidad de realizar acciones inmediatas para dar con los responsabl­es.

En un comunicado, el organismo autónomo destacó que con el homicidio de Rodríguez Palacios son ya 124 periodista­s asesinados en México. Recordó que en los próximos días convocará a las fiscalías o unidades especializ­adas en libertad de expresión de los gobiernos estatales a un encuentro para abatir la impunidad en las agresiones contra periodista­s.

En Baja California Sur, en la ciudad de Cabo San Lucas, el pasado 28 de marzo el periodista Julio Omar Gómez, quien está incorporad­o al mecanismo, sufrió un atentado en el que fue asesinado uno de los escoltas que lo resguardab­a.

El mecanismo está en contacto con el Colectivo Pericú y otras personas cercanas al periodista para ofrecerles protección.

El subsecreta­rio de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernació­n, Roberto Campa Cifrián, habló con el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis, “para manifestar­le la importanci­a de dar con los responsabl­es y ponerlos a disposició­n de la justicia”, dijo Gobernació­n en un comunicado.

El funcionari­o alertó hace dos semanas de la carencia de presupuest­o para la operación del mecanismo; por ahora toma recursos de un fideicomis­o integrado desde hace cinco años; sin embargo, advirtió que de no autorizars­e más fondos, el mecanismo no garantiza su operación hasta finales de 2017.

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