Ley de seguridad interior: el dictamen debe repensarse
l coordinador de los legisladores priístas en San Lázaro, César Camacho Quiroz, anunció ayer que la iniciativa de la ley de seguridad interior (LSI) no será aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones debido a los desacuerdos entre su bancada y las de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), las cuales piden que antes de esa citada norma se acepte la minuta senatorial sobre la figura del mando mixto policial en los estados, la cual es rechazada por los oficialistas, quienes abogan por un mando único.
Sin entrar en los pormenores de ese desencuentro, lo cierto es que obliga a un saludable retraso en la aprobación de la LSI y aporta un margen de tiempo adicional para que la Cámara de Diputados escuche las múltiples voces adversas a esa norma y reflexione sobre la improcedencia de definir un marco jurídico que regularice la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y policiales.
Como han señalado organizaciones sociales y populares, particularmente aquellas que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la eventual aprobación de la LSI constituye un grave peligro por cuanto otorgaría al Ejecutivo federal atribuciones discrecionales en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, incrementaría la indefensión de los ciudadanos ante atropellos y abusos de las fuerzas del orden y podría propiciar el uso de las instituciones castrenses contra movimientos sociales y opositores.
Por otra parte, la legislación referida contravendría el estatuto constitucional del Ejército y la Marina, que delimita con claridad la misión de las fuerzas armadas a la preservación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país, así como al auxilio a la población civil en casos de desastre.
Tales tareas nada tienen que ver con la prevención del delito ni con la captura y consignación de presuntos infractores ni con las tareas de vigilancia e inteligencia para mantener el estado de derecho. Las corporaciones militares, en México y en cualquier otro país del mundo, operan con lógica distinta: la de enfrentar y neutralizar a una fuerza enemiga. Cuando se desvirtúa la función de las instituciones castrenses, la incompatibilidad entre una y otra tareas conduce de manera inevitable a la introducción de una dinámica de guerra entre connacionales y a la comisión de violacio-