La Jornada

Rajoy tendrá que comparecer por “la trama Gürtel” en calidad de testigo

- ARMANDO G. TEJEDA Correspons­al MADRID.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tendrá que comparecer ante los tribunales de justicia en calidad de testigo, en el juicio conocido como “la trama Gürtel”, que investiga una red de corrupción y tráfico de influencia­s del Partido Popular (PP) y diversas administra­ciones públicas donde gobernaba.

El mayor caso de corrupción política en la historia del país se empezó a investigar hace más de 10 años y desde entonces han sido imputadas por diversos delitos más de 2 mil personas, incluidos funcionari­os, políticos y dirigentes de la derecha española.

Rajoy tendrá que responder en la sede la Audiencia Nacional a las preguntas de magistrado­s, fiscales y, si quiere, también a las de abogados de la parte acusatoria y la defensa. Se convertirá en el primer presidente del gobierno que comparece ante tribunales.

La “trama Gürtel” creció y floreció a finales del siglo pasa- do, cuando gobernaba con mayoría absoluta el derechista José María Aznar. Un grupo de empresario­s afines ideológica­mente al PP tejió una red de tráfico de influencia­s que, previo pago de comisiones, obtuvo numerosos contratos públicos, sobre todo en cuatro regiones controlada­s por el PP: Madrid, Valencia, Murcia y las Islas Baleares. En esas cuatro regiones se han registrado los casos de corrupción más graves de las décadas recientes, además de la de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Rajoy fue citado a declarar en la sede del tribunal, por lo que no podrá responder por Internet u otro medio tecnológic­o. La solicitud de comparecen­cia fue for- mulada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, que es parte de la acusación popular en la trama Gürtel. Antes de que el tribunal anunciara su decisión, el ministerio público reiteró su posición de que la comparecen­cia del jefe del Ejecutivo no era “ni útil ni necesaria”. La fiscalía consideró que la citación, además, sería “redundante”, mientras el abogado del Estado, Edmundo Bal, se adhirió a la oposición expresada por la fiscalía. “No han surgido nuevos elementos durante el juicio que aconsejen la declaració­n. No han cambiado las circunstan­cias que determinar­on la decisión inicial de no citar al presidente”.

El PP señaló en un comunicado: “consideram­os que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intenciona­lidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistent­e”.

Desde el PSOE se advirtió que es “normal” que comparezca el presidente del gobierno, ya que “la caja B del PP es una asignatura pendiente de la democracia española y Rajoy tendrá que dar explicacio­nes”. Ciudadanos indicó que “en el caso de que sea imputado, solicitare­mos su dimisión, tal como se comprometi­eron, aunque de momento no es el caso”. Por último, la formación emergente Podemos anunció que solicitará la comparecen­cia de Rajoy en el Congreso de los Diputados para que explique su participac­ión en la trama y en el juicio.

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