Sancionar la compra de votos con la pérdida del registro, propone Morena
El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF) propuso que la comprobación fehaciente de compra del voto se sanciones con la pérdida del registro del candidato y el partido político que incurran en esa práctica, así como aplicar la revocación de mandato al servidor público que violente el derecho de los ciudadanos al voto efectivo y no cumpla con sus compromisos de campaña y programa de gobierno.
Al presentar al pleno la iniciativa de ley de instituciones y procedimientos electorales, la diputada Citlalli Hernández Mora advirtió que “si hoy los ciudadanos dudan de las promesas partidistas o de las y los candidatos, es porque escucha y lee muchos ofrecimientos, pero muy pocas acciones y hechos en la práctica”.
La Constitución Política de la Ciudad de México establece como derecho “el sufragio universal, efectivo, libre secreto, directo y obligatorio”, y dispuso que la ALDF establecerá en la legislación electoral mecanismos que garanticen vincular el derecho del electorado al voto efectivo entre las plataformas de las candidaturas ganadoras y los planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos.
“Como medida novedosa, además de existir congruencia entre el contenido de la plataforma electoral y el programa de gobierno, deberá haber sanción clara para los candidatos electos que incumplan compromisos de campaña a cualquier cargo de elección popular”, enfatizó Hernández Mora.
La iniciativa establece, sin embargo, la composición del Congreso local con 40 diputados de mayoría relativa y 26 de representación proporcional, esto es 60 y 40 por ciento, respectivamente, contra lo que dispuso el Constituyente de 33 y 33 para ambos principios.
En conferencia de prensa posterior con los diputados Alfonso Suárez del Real y David Cervantes Peredo, dijo que esto obedece a la convicción en su partido de que la Corte le dará la razón en el recurso que promovió para impugnar esta disposición.
Explicaron que la Constitución federal establece la proporcionalidad de 60 y 40 por ciento en la integración del Congreso y el mismo Constituyente la adoptó para integrar los Concejos de las Alcaldías, pero en este caso en particular no sólo se obró en contra de la exigencia de la gente de reducir el número de diputaciones plurinominales, sino que los incrementó.