Intervención militar en seguridad pública podría ser permanente
Propone la Cámara de Diputados dictamen para ley de seguridad interior Plantean ‘‘identificar, prevenir y atender riesgos’’, sin que se requiera declaratoria previa Las fuerzas armadas realizarían ‘‘las acciones necesarias en vías de comunicación e instal
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados propuso un dictamen de ley de seguridad interior, donde se defina una intervención permanente del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, y para ‘‘identificar, prevenir y atender riesgos’’, sin que se requiera una declaratoria previa.
En el proyecto, entregado a los integrantes de la comisión, se planteó que las fuerzas armadas realicen ‘‘las acciones que sean necesarias, pertinentes y eficaces en áreas del país, vías generales de comunicación e instalaciones que lo requieran’’. traición a la patria, genocidio, actos de interferencia extranjera, impedir a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, intentos de quebrantar la unidad de la Federación, obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada.
También, por actos en contra de la seguridad de la aviación o el personal diplomático, tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva, contra la navegación marítima, financiamiento al terrorismo, bloqueo a inteligencia o contrainteligencia e incluso destrucción o inhabilitación de infraestructura estratégica.
La comisión legislativa retomó esas ‘‘ amenazas’’ para justificar que, aun cuando no tiene atribuciones constitucionales para legislar en materia de seguridad interior, sí para expedir leyes de seguridad nacional, ‘‘ y toda vez que la seguridad interior forma parte de la seguridad nacional… se considera ( sic) que el Congreso puede legislar en esa materia como parte procedimental de la seguridad nacional’’.
Derechos humanos, intocados
Consideró que, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, ninguna ley puede restringir o suspenderlos, y si bien la de seguridad interior constituiría “un mecanismo extra que permita salvaguardar plenamente los derechos y garantías” ciudadanas, “para que el Estado pueda garantizar a su población el libre ejercicio de sus derechos humanos, es necesario que previamente brinde un ambiente seguro en el que imperen la paz y el orden público”.
Aclaró que la intervención de las fuerzas armadas quedaría prohibida cuando se trate de movilizaciones ciudadanas o de protesta electoral, aunque sólo si éstas son pacíficas y rechazó que una ley de este tipo tenga como objeto militarizar el país.
Sin embargo, aceptó: “Para decirlo claro: el problema de seguridad interior ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica medidas extraordinarias, en tanto haya condiciones para retornar a la normalidad”.
En caso de amenazas, ‘‘el Presidente ordenará acciones inmediatas’’