La Jornada

La propuesta, ‘‘regresiva’’: familiares

Alegan que no se tomaron en cuenta sus aportacion­es

- JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Organizaci­ones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas calificaro­n de ‘‘regresiva’’ la propuesta de iniciativa de ley de desaparici­ón de personas que actualment­e se debate en el Senado, pues ‘‘está por debajo’’ de las propuestas que ellos mismos presentaro­n a los legislador­es hace casi dos años, y no han sido incluidas.

Además, hubo organizaci­ones que advirtiero­n que dicha norma debe estar obligadame­nte apegada a los más altos estándares internacio­nales, porque de lo contrario sería inservible.

En diversos posicionam­ientos, el Movimiento por Nuestros Desapareci­dos en México –que agrupa a más de un centenar de organiza- ciones y colectivos de familiares de víctimas de casi todo el país y de Centroamér­ica– y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), expresaron su preocupaci­ón por el rumbo que parece tomar la iniciativa de ley, pues se han incluido las observacio­nes presentada­s por el jefe del Ejecutivo federal, desechando las elaboradas por organismos defensores de derechos humanos y desde los propios familiares de las víctimas.

José Antonio Lara, coordinado­r del CDHZL, hizo un llamado enérgico a todas las autoridade­s a entender que ‘‘sin una ley verdaderam­ente congruente y apegada a estándares de derechos humanos, ésta será una legislació­n totalmente inservible para la realidad que tiene nuestra nación’’.

En nombre del centro –recienteme­nte galardonad­o con el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo–, el abogado Lara Duque señaló que el problema de desaparici­ón de personas en el país tiene ya desde hace mucho tiempo una dimensión de enorme magnitud.

Citó que las cifras de los pasados 10 años revelan el hallazgo de más 855 fosas clandestin­as, y ‘‘en tan sólo en cuatro estados se han exhumado más de 35 mil restos óseos’’, dijo en entrevista.

En tanto, el Movimiento por Nuestros Desapareci­dos en México identificó, además, siete puntos especialme­nte preocupant­es de la iniciativa de ley, entre los cuales citó que la propuesta de construcci­ón del sistema nacional de búsqueda no atiende a una estructura de un sistema en relación con las funciones y las institucio­nes.

‘‘No se atiende a una lógica de coordinaci­ón entre labores de búsqueda e investigac­ión, prevención y distribuci­ón de competenci­as y responsabi­lidades’’, señala en su posicionam­iento.

En este sentido, advirtió que de nada serviría la construcci­ón de un sistema sin que éste opere las herramient­as previstas ( registro nacional de personas desapareci­das, banco de datos forenses, registro de personas fallecidas no identifica­das y no reclamadas, de fosas, administra­tivo de detencione­s, alerta Ámber, etcétera).

‘‘ La fragmentac­ión de las herramient­as, dejando su administra­ción a distintas dependenci­as, imposibili­ta contar con un sistema único de informació­n que permita cruzar diferentes registros para la localizaci­ón de las personas desapareci­das’’, destacó.

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