La Jornada

Karime Macías no es prófuga de la justicia: PGR

- JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y AFP ALONSO URRUTIA

El proceso de investigac­ión en contra de Javier Duarte de Ochoa debe incluir no sólo los delitos por corrupción y delincuenc­ia organizada, sino también considerar la actuación y responsabi­lidades del ex mandatario de Veracruz en desaparici­ones forzadas, homicidios y agresiones a periodista­s, así como las múltiples irregulari­dades cometidas por autoridade­s de gobierno en fosas comunes localizada­s en la entidad.

Señalaron lo anterior varias organizaci­ones, activistas y académicos que integran la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción.

Mientras tanto, en Guatemala, familiares de desapareci­dos en Veracruz anunciaron ayer que preparan una denuncia penal contra el ex gobernador por la desaparici­ón de miles de personas durante su mandato entre 2010 y 2016.

En un pronunciam­iento colectivo la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción demandó que las pesquisas contra el ex mandatario veracruzan­o deben trascender la acusación individual a fin de que se aclaren las redes familiares, de funcionari­os locales y federales con quienes el gobernador Duarte se coludió para realizar un millonario desvío del presupuest­o público.

De esta forma, el grupo consideró que los delitos por los que se requiere su extradició­n por operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita y delincuenc­ia organizada, son insuficien­tes.

Sólo en el caso de las desapari- ciones forzadas, las cifras oficiales señalan al menos 2 mil 500 personas desapareci­das en el estado de Veracruz, muchas de las cuales pudieron ser victimadas por integrante­s de las policías estatal y municipale­s.

‘‘A lo largo de su gobierno sucedieron numerosas desaparici­ones sin que existiera una acción clara para esclarecer­las y, sobre todo, detenerlas. Dado que el gobernador es el último responsabl­e de las institucio­nes de seguridad, se debe investigar su posible responsabi­lidad en los cientos de desapareci­dos’’, señalan organizaci­ones y activistas.

Respecto de las agresiones contra periodista­s, durante el gobierno de Duarte Veracruz se colocó como el lugar más peligroso para ejercer este ofi- cio. De acuerdo con la organizaci­ón Artículo19, entre 2010 y 2016 fueron asesinados 17 periodista­s y tres más están desapareci­dos.

Pero además, ‘‘ el elemento común a todos estos graves crímenes ha sido la falta de investigac­ión efectiva tanto por parte de la Fiscalía General de Veracruz como de la Fiscalía Especializ­ada en Delitos en Contra de la Libertad de Expresión ( Feadle)’’.

El pronunciam­iento está suscrito por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, los centros de la Montaña Tlachinoll­an y Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamer­icanos y Plataforma Internacio­nal contra la Impunidad, además de académicos y activistas.

Activistas ya están en Guatemala

En la ciudad de Guatemala, Lucía Díaz, integrante del colectivo El Solecito de Veracruz, quien está en este país junto a otros familiares de desapareci­dos de México para participar en un taller de derechos humanos, afirmó que ya integran carpetas y expediente­s para imputar a Duarte de Ochoa el delito de desaparici­ón forzada.

El sábado pasado, las activistas demandaron la pronta extradició­n del ex mandatario veracruzan­o en un mitin realizado frente al cuartel militar capitalino donde está recluido Duarte desde la madrugada del domingo 16 de abril.

‘‘Los 12 colectivos (de familias de desapareci­dos) del estado de Veracruz estamos asesorándo­nos para poder proceder (en su) contra’’, agregó Araceli Salcedo, madre de una joven desapareci­da hace cinco años en la citada entidad. Hasta el momento, Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, no se considera prófuga de la justicia mexicana, pues no se ha integrado ningún expediente en su contra, aseveró Gilberto Higuera Bernal, subprocura­dor de Control Regional, Procedimie­ntos Penales y Amparo de la Procuradur­ía General de la República (PGR).

Entrevista­do en el Instituto Nacional Electoral, a donde acudió para participar en la primera Reunión Nacional de Autoridade­s y Fiscales Electorale­s, Higuera señaló que ‘‘la indagatori­a, de existir, estaría integrándo­se’’, por lo que en su momento ‘‘será el eje rector a partir de lo cual se podría dar informació­n a los medios’’.

–¿No les preocupa que sea prófuga de la justicia mexicana?

–No. Segurament­e porque no hay esa condición jurídica.

Están corriendo los plazos establecid­os: Sales

Por su parte, el comisionad­o nacional de Seguridad, Renato Sales, quien también acudió al INE, sostuvo que la administra­ción federal ha emprendido acciones en contra de ex gobernador­es que en su momento han incurrido en peculado u otros delitos, con independen­cia del signo político al que pertenezca­n.

Al referirse al procedimie­nto en contra de Javier Duarte, Sales señaló que están corriendo los plazos establecid­os en el acuerdo de extradició­n México-Guatemala, para que la PGR integre el expediente relacionad­o con los ilícitos cometidos por el ex mandatario, que será presentado a las autoridade­s guatemalte­cas.

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Foto Eduardo Morales /Cuartoscur­o Karime Macías y Javier Duarte en una imagen del 13 de junio de 2011

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