La rebelión de los científicos y la política profunda

ace unos días, en un sorprendente acuerdo, los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobaron como “de urgente y obvia resolución”, nada menos, el exhorto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que “sancione a la doctora (una destacada investigadora internacional del cambio climático)… por realizar actividades prohibidas a su nombramiento como investigadora de tiempo completo” (Estenográfica 18/4/17. Páginas 40-42, paréntesis nuestro). Es decir, por transgredir la legislación de la UNAM. El problema real es que la científica tiene una filiación política y la ejerce ocupando un puesto de elección popular. Se ha convertido entonces a la Asamblea en juez que puede determinar quién viola la legislación de una institución autónoma y, luego, llamar a esa universidad a sancionar. Así las cosas, pronto veremos que es “de urgente y obvia resolución” someter a escrutinio a cualquier institución sospechosa de alguna filiación política, como ya ocurre con la UACM. En otro caso, la golpiza que en el estado de México recibió un universitario hasta hace unos días consejero en la UACM, tiene el sello del desbordamiento de miembros de un partido político contra la universidad.

En este descompuesto fin de sexenio desde el campo de la educación y la ciencia se están enviando mensajes que convendría analizar. Así, al mismo tiempo que la crispación de la política electoral han aparecido las protestas de científicos mexicanos. Éstas no son frecuentes, pero cuando aparecen son significativas precisamente porque representan –ya aquí antes se señalaba– a uno de los sectores más confiables, porque están en el extremo opuesto de la política del agandalle y, en México, son un sector preponderantemente público. Eso da a la ciencia en México el sustento adicional de ser una actividad que es vista como orientada al bienestar social. El vendaval de recortes pone en peligro la formación de futuras y numerosas generaciones de científicos y profesionistas de alto nivel y el mismo rector Graue (UNAM) se ha unido a la exigencia pública: “las instituciones de educación superior –dice– empezaremos a levantar la voz para exigir… un presupuesto suficiente para la ciencia…” (Yucatán Informa 26/4/17). Pero la ciencia, el conocimiento encarnado en personas e instituciones, no sólo es amenazado por los recortes, también en el centro del país por la imparable lógica de lucha electoral que en momentos en que se siente amenazada llega a extremos y no duda en irrumpir en las casas del conocimiento. Y por muy científicos que sean, como vimos en el caso de la investigadora, éstos no quedan al margen. Es llevada a la arena político electoral.

A pesar de todo, universitarios, científicos y maestros resisten y su resistencia cambia incluso el panorama. Un conjunto importante de universidades públicas autónomas y una destacada institución privada, junto con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) se pronunciaron hace unos días (20/4/17, La Jornada) por la entrega del presupuesto legal de la UACM. Destacadas personalidades ya se manifiestan a favor de la científica perseguida. Y, por otro lado, después de cinco años de protestas, desde la misma SEP-INEE, se confirma que la oposición de los maestros ha vuelto terminalmente inoperante la reforma educativa. Su éxito era visto como contribución a la permanencia de un partido en la Presidencia, pero el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación la ha convertido en una desventaja electoral. Dice su saliente presidenta Schmelkes: “de mantener la SEP la cifra de 150 mil maestros evaluados por año, el proceso terminaría hasta 2027”. “Y entonces –continúa– prácticamente estaremos claudicando al Servicio Profesional Docente, y al claudicar al Servicio Profesional Docente, estamos claudicando a la reforma educativa” (Agencia Reforma, 12/4/17). ¡Tres sexenios tomaría la primera ronda de evaluación!

La enorme ventaja de este periodo es que las universidades, la escuela y los científicos que protestan, están teniendo una experiencia que les permite sopesar, en primer lugar, si todavía es válida la tesis de que el conocimiento y la política no deben mezclarse. En segundo lugar, pueden reconocer que la escuela, la universidad y la ciencia (como lo han demostrado en redes, en la calle, en la prensa, en las gestiones) han tenido indicios de que sí pueden ejercer el enorme peso político que han tenido en muchos momentos de la historia. No en el sentido de la política panfletaria y ni siquiera en la directamente electoral, sino en la política profunda, la que marca los grandes rumbos del país. Los estudiantes del 68, las declaraciones y la marcha del rector Barros Sierra, no se colocaron en la órbita de los partidos, pero al defender la escuela y la universidad (y ahora la ciencia) crearon espacios y horizontes de poder, de autonomía y de libre conocimiento que siguen siendo referentes del otro país a construir.

Más que una nación de política de masas amorfas, convocadas por despensas, tinacos y monederos electrónicos, existe un país de comunidades y autonomías capaces de desenterrar y fortalecer el mosaico de culturas y pueblos que finalmente somos, y construir sobre eso y desde la educación, la otra política, la profunda, que obligue a los partidos a una altura de miras que el actual y hostil mecanismo político-electoral es incapaz de proporcionar.