Investigarán desvío de dinero del Correo Argentino a empresas del Grupo Macri
La Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) investiga maniobras de vaciamiento del Correo Argentino mediante el desvío del dinero de su cuenta bancaria a empresas que la controlan, como Sideco y Socma, del Grupo Macri, lo que fue denunciado por la fiscal Graciela Boquín la semana pasada.
Esto volvió a traer al escenario político el grave escándalo sobre el intento del gobierno de Mauricio Macri de condonar la deuda que el correo adquirido por ese grupo empresarial en los años 90 tenía con el Estado argentino.
Precisamente los primeros retiros de fondos fueron el año pasado, cuando se estaba trabajando el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri sobre esa empresa postal, favoreciendo a éste con una rebaja de 98.87 por ciento de la deuda, lo que provocó un es- cándalo, que incluso afectó al gobierno más que el descubrimiento en abril de 2016 de Los papeles de Panamá, que revelaban cuentas abiertas en paraísos fiscales tanto en Panamá, como en Bahamas, que involucran al mandatario argentino.
Las investigaciones del diputado Darío Martínez, del Frente para la Victoria, quien imputó al mandatario el año pasado, en una denuncia penal, que comenzó con la participación de Macri y su familia en las sociedades Kamusha SA y Fleg Trading Ltd, llevaron a demostrar que una de estas sociedades había operado en Brasil, lo que negaba el man- datario. Pero la investigación fue más lejos, hasta establecer otra serie de sociedades offshore en distintos países del mundo, incluyendo cuentas en Suiza.
Recientemente, el juez federal Sebastián Casanello, quien se propuso avanzar en esta causa a pedido del fiscal Federico Delgado, sorprendió a un año de haber comenzado sus investigaciones declarándose incompetente para continuar en la causa, luego de estar en la mira de los medios de comunicación masiva aquí como Clarín y La Nación, entre otros, que encubren a Macri.
Cassanello, quien había advertido sobre la falta de colaboración de las instituciones que debían hacer solicitudes a otros países en la investigación, entre ellas la cancillería, se desprendió de la causa que había logrado reunir importante documentación por el diputado Martínez y por investigaciones de algunos medios, como Página 12.
Esta acción de Cassanello intenta desvincular al mandatario de una operación de lavado de dinero. Detrás de esta situación también está evidenciada la vinculación del gobierno con algunos jueces que conforman salas de la Cámara Federal. vocatoria de la Asamblea Constituyente.
La bancada opositora en la Asamblea Nacional condenó la convocatoria de la Constituyente que Maduro firmó este lunes, por considerarla una continuación del “golpe de Estado”, que consideran estaría perpetrando el mandatario.
Durante el debate parlamentario, el diputado Juan Miguel Matheus advirtió: “Maduro dijo ayer que no iba a haber Constituyente con consulta popular”, sino que buscaría una elección de “segundo grado” con votos emitidos desde organismos impulsados por el gobierno, y casi la mitad de los delegados serían escogidos por agrupaciones controladas por el chavismo.
Matheus subrayó que según la Constitución “Maduro sólo tiene poder de iniciativa, quien convoca la Constituyente es el pueblo por medio del voto universal”, así que convocar directamente a la elección de los delegados, sin un referendo previo, sería inconstitucional.
“Lo que pretende Maduro es concentrar el poder y aniquilar las elecciones democráticas”, sostuvo en la sesión el jefe legislativo, Julio Borges.
La oposición convocó a una megamarcha para este miércoles.
Maduro aseguró que la Constituyente “comunal, obrera y popular” tendría unos 500 delegados, de los cuales unos 200 serían elegidos por representantes del poder popular organizado.
Explicó que esta Constituyente tendrá un carácter plenipotenciario, por lo que podría cambiar la Constitución, las leyes o disolver poderes como la Asamblea Nacional, que está abiertamente enfrentada al Ejecutivo.
En el exterior, algunos gobiernos recibieron con preocupación el anuncio de Maduro. Los cancilleres de Chile y Argentina, Heraldo Muñoz y Susana Malcorra, respectivamente, señalaron que la situación de Venezuela se ha agravado con esta convocatoria, cuando el país enfrenta una crisis económica y política.
Estados Unidos, a su vez, acusó a Venezuela de “cambiar las reglas del juego” para retener el poder. El llamado del gobierno venezolano a una Asamblea Constituyente no parece un esfuerzo genuino para alcanzar una reconciliación que permita al país superar la crisis, expresó Michael Fitzpatrick, secretario adjunto para el Hemisferio Occidental.
“Estas acciones nos pueden dar una razón adicional para introducir sanciones individuales en Venezuela con base en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de 2014”, añadió.