El gobierno federal, obligado a aclarar asesinatos de periodistas: Carlos Lauría

La impunidad daña profundamente su imagen, la de una democracia consolidada El director del CPJ para AL siente “profunda admiración y respeto ” por los reporteros locales

reforma que se hizo hace cuatro años a la ley, que amplía las facultades para que la Procuraduría General de la República ejerza la atracción de delitos contra periodistas al fuero federal.

–¿Por qué sería opción, si tampoco el gobierno federal ha demostrado eficacia?

–Puede ser importante. Cuando empezamos a hacer este trabajo en México, hace más de 10 años, los expedientes estaban dispersos en varias dependencias y las autoridades federales ni siquiera veían que fuera su obligación atenderlos. Pero a los casos que se quedaban en los estados les iba peor, a esos expedientes se los tragaba la tierra, había carpetas donde toda la investigación no llenaba ni dos hojas.

“Nuestra conclusión es que el gobierno federal no puede hacerse el distraído en estos casos; tiene la obligación constitucional de hacerse cargo de todos los asesinatos de periodistas donde haya indicios de que el crimen (organizado) está vinculado con su labor informativa. Es su responsabilidad garantizar el derecho a la libertad de expresión. Exigir la atracción (de investigaciones) es una forma de elevar el costo de una eventual irresponsabilidad del gobierno.

“Aunque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) sea opaca y sólo haya resuelto tres de los más de 140 expedientes que lleva desde 2010, debe rendir cuentas por ello.”

México vive una crisis de libertad de expresión que afecta derechos humanos básicos

El problema está en el sistema de procuración de justicia

–Ustedes señalan en su informe que ni siquiera en los casos emblemáticos, donde sí se atrajo el expediente a la acción federal, hubo esclarecimiento...

–Hay que entender que no solamente es una cuestión del gobierno federal, sino del sistema de procuración de justicia, que tampoco da respuestas, que es disfuncional. Pero lo que está en el fondo es la falta de voluntad política. México está viviendo una crisis profunda de libertad de prensa, pero lo que pasa es algo más profundo: es una crisis de libertad de expresión que está afectando derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución en extensas zonas del país.

“Recuerdo que cuando el CPJ empezó a trabajar en México, con su ex corresponsal Michael O’Connor, la mayoría de los casos se encontraban en la frontera norte. Ahora los vemos por todos lados: en Veracruz, en Chiapas, en lugares que no figuraban antes en el mapa de la violencia.

“Esta crisis es profunda y está provocando que comunidades enteras en el país no puedan acceder a información que le permita adoptar decisiones sobre su vida diaria. Es gravísimo cuando la gente no sabe qué es lo que está pasando realmente en el lugar donde vive. Pero va más allá: la mayoría de los mexicanos, sobre todo fuera de la capital, tienen seriamente restringida su capacidad de entablar un debate a profundidad sobre lo nacional.

“Esto daña, sin duda, a la ciudadanía, a la democracia. Pero también afecta a los encargados de formular políticas públicas, porque ellos tampoco saben con precisión lo que está pasando. Y en este contexto los periodistas navegan a la deriva, vulnerables, indefensos.”

“¿Recurrir a la justicia federal ofrece mayores posibilidades de esclarecimiento de los crímenes contra la prensa?

–El tema es que a escala federal hay más recursos, hay más escrutinio de la opinión pública, Y también, tal vez, las autoridades no están tan coludidas como lo están en lo local. Pero lo principal es que es una obligación del Estado que no puede eludir.