Mejora la escolaridad de los jóvenes en AL, según la OCDE
Los más pobres, con mayores beneficios de la educación
Al menos 43 millones de jóvenes de 15 a 29 años en América Latina, es decir, 31 por ciento de la población juvenil de la región, no ha concluido sus estudios de bachillerato y no está en condiciones de hacerlo, afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, competencias y emprendimiento.
Agrega que persisten los desafíos no sólo del ingreso a la educación, también en la calidad y permanencia de la formación universitaria, pues destaca que si bien 41 por ciento de la población entre 15 y 64 años inició estudios superiores en la región, sólo 14 por ciento llegó a completarla.
En un diagnóstico sobre indicadores educativos en la región, destaca que sólo 16 por ciento de la población ha logrado concluir sus estudios universitarios, mientras que un alto porcentaje no puede permanecer en las aulas para concluir su bachillerato.
En América Latina y el Caribe, destaca el informe, la tasa de matriculación universitaria aumentó de forma considerable entre 2004 y 2014, al pasar de 29 a 44 por ciento, pero aún se mantiene por debajo del promedio de las naciones de la OCDE, lo que representa una tasa de crecimiento anual de casi 4 por ciento.
Pese a ello, sostiene que la juventud latinoamericana ha aumentado su nivel de escolaridad y está mejor formada que generaciones anteriores. Afirma que los jóvenes de hogares más pobres son los que “más se beneficiaron” de la educación en la región.
“Los pobres extremos completaron, en promedio, 5.5 años de educación; los pobres moderados, 6.2; los vulnerables, 7.7, y la clase media, 10.8 años. En general, los jóvenes que en 2014 vivían en hogares con pobreza extrema alcanzaron un año más de educación en comparación con la que lograban en 2004.”
Dichos avances, agrega el documento enfocado a los jóvenes y la adquisición de competencias laborales, se debe a políticas pú- blicas encaminadas a mejorar la calidad y el acceso a la educación, pero también a políticas de protección dirigidas a aquellos que se ubican en los quintiles más bajos de ingresos”.
Por ello, considera que una “gran proporción de los jóvenes de hoy se benefició de los programas sociales implementados en la década de 2000”, por lo que señala que podría considerarse como una generación de “transferencias monetarias condicionadas”.
No obstante, advierte que casi dos décadas después de la introducción de estos programas, los “resultados no son tan buenos como se esperaban, pero en términos de competencias esta generación está mejor educada y posee mejores capacidades que las anteriores”.