Candidatura de Joel Hernández a la CIDH enfrenta a políticos y ONG
Ponen a debate su independencia del gobierno
La candidatura del diplomático Joel Hernández García para ocupar un puesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divide opiniones entre políticos y organizaciones de la sociedad civil, en particular sobre su nivel de conocimientos en materia de defensa de las garantías básicas y su independencia del gobierno mexicano.
La presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales del Senado, Laura Angélica Rojas, descalificó las objeciones que diversos colectivos de derechos humanos le han puesto a las aspiraciones de Hernández, quien actualmente se desempeña de director general para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Joel Hernández, propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, es un personaje independiente de los partidos políticos y sin conflicto de intereses, según la legisladora panista.
“Ha sido diplomático por 25 años en el servicio exterior mexicano y, además, bajo las reglas de la CIDH, no hay manera de que los comisionados puedan conocer asuntos de sus propios países. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil y en general los mexicanos no tendríamos nada de qué preocuparnos en caso de que el embajador llegara a ser electo comisionado”, apuntó.
La senadora resaltó que no se vulnera la independencia de organismos internacionales cuando incorporan a sus estructuras funcionarios o ex funcionarios de gobierno, porque esas instancias son representadas por los poderes ejecutivos de los estados miembros.
Citó ejemplos de servidores públicos mexicanos que han ocupado cargos como ése “sin ningún problema”, entre ellos, Juan Manuel Gómez Robledo, actual embajador de México en Francia; Carlos Ruiz Massieu, presidente de la Comisión de Administración de la ONU, y Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la oficina de la ONU de Cambio Climático.
En sentido contrario, Sandra Alarcón, colaboradora del área internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó que la principal preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil sobre la candidatura de Hernández García es su nivel de independencia respecto al gobierno mexicano y la forma en que ello pueda incidir en su trabajo de comisionado.
“Los integrantes de la CIDH no participan en casos relacionados con el país de donde vienen, pero sí en la definición de metodologías internas del organismo, y por eso creemos que (Hernández) sí pueda controlar un poco a nivel interno el seguimiento de casos de violaciones de derechos humanos en México”, afirmó la activista.
Otros aspectos cuestionables del embajador son su falta de experiencia en la promoción de garantías básicas, lo cual lo pone más cerca de gobierno mexicano que de los colectivos de víctimas, y el hecho de que su candidatura fue decidida “por debajo del agua”, sin consultar a las organizaciones de la sociedad civil, pese a que éstas tienen capacidad de hacer comentarios y sugerencias al respecto, añadió.