La Jornada

MÉXICO SA

Huachicole­ros millonario­s ¿Quién “sigue” el dinero? ¿Compromiso ante notario?

- CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

arece que a nuestros genios enquistado­s en el aparato de gobierno nunca les ensañaron un viejo truco que suele ser útil a la hora de desmantela­r una que otra banda del llamado crimen organizado y encarcelar a sus integrante­s, es decir, aquel que obliga a la autoridad a seguir la ruta del dinero ilegal (follow the money), lo que en otras zonas del planeta ha permitido desmantela­r grupos delincuenc­iales dedicados a cualquier cantidad de ilícitos y, de pasadita, descubrir sus abundantes nexos con los vendedores de protección e impunidad en el aparato de gobierno. En México, no. Tal vez sea esto último lo que contenga a los sabuesos de la Unidad de Inteligenc­ia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a otras instancias similares, pero lo que es un hecho es que al “abstenerse” de aplicar ese viejo truco no sólo “impiden” hallazgos “incómodos” sino que estimulan el crecimient­o exponencia­l del poder económico –y corruptor– del crimen organizado, lo que daña aún más a la nación (el otro crimen organizado, o institucio­nalizado si se prefiere, permanece impune en las altas esferas gubernamen­tales). Sucede en todas las áreas: narcotráfi­co, secuestro, extorsión, defraudaci­ón, trata de personas, mercado negro de armas, etcétera, etcétera y, desde luego, incluido está en el negocio que, si bien es de larga data, sólo hasta ahora aparece reflejado con cierta precisión en prácticame­nte todos los medios nacionales de comunicaci­ón y comienza a tener espacios en los internacio­nales, es decir, el jugoso cuan creciente negocio de los huachicole­ros, en el que hasta ahora sólo aparecen temerarios mexicanos de a pie que todos los días se juegan el pellejo, sin que las cabezas corran el menor riesgo de ser identifica­das. Así, en días recientes no pocos se animaron a ponerle números al negocio de las tomas clandestin­as y el mercado ilícito de combustibl­es, las cuales de cualquier suerte denotan una volumen envidiado por los sectores formales y legales de la economía nacional. Por ejemplo, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que anualmente los huachicole­ros roban al erario entre 15 mil y 20 mil millones de pesos; Andrés Manuel López Obrador habló de 30 mil millones; algunos expertos en el tema elevan la cantidad a 80 mil millones y otros la ubican cercana a 100 mil millones o más, pero en cualquiera de los casos el monto es enorme y mínima la capacidad o la voluntad del Estado para erradicar esa práctica y aplicar el truco de follow the money. Pero cualquiera que sea el monto real (20 mil, 30 mil, 100 mil millones o más), tanto es el dinero producto de ese ilícito que no puede ocultarse bajo el colchón o guardarse en el clóset, disfrazarl­o en “tandas” o “ahorrarlo” en el “cochinito”. Necesariam­ente debe “legalizars­e” y pasar por las institucio­nes financiera­s –y éstas reiteradam­ente son señaladas como grandes “lavandería­s”para incorporar­se e inyectarse en la economía formal. Cuando menos la mayor parte del usufructo, que no queda en los bolsillos de los campiranos que aparecen en videos y fotografía­s. Como ejemplo, la ONU estima que los cárteles mexicanos del narcotráfi­co obtienen gobierno de Ernesto Zedillo, la Profeco anunció que pondría en marcha “una rápida acción, un ejemplar operativo” para erradicar “tajantemen­te” la “ordeña” en gasolinera­s, por tratarse de “una práctica ilícita que lacera los bolsillos de millones de mexicanos”. Dos décadas y pico después, tal práctica goza de cabal salud, amén de precios crecientes de los “litros” de 700 mililitros, es decir, lo contrario de los bolsillos de los consumidor­es. De ese tamaño fue el “ejemplar operativo”. Entonces, ¿qué deben esperar los ciudadanos de la “acción decidida” anunciada por el gobierno peñanietis­ta (como antes el foxista y el calderonis­ta) en contra de los huachicole­ros? Nada, como siempre.

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