Gobierno de Tamaulipas ignoró las amenazas a Miriam Rodríguez, asesinada el miércoles
Falso que autoridades le dieran protección, afirma uno de su compañeros de lucha “La entidad es un en el cual estamos en guerra desde hace 10 años”, señala
Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez sentía la sombra de la muerte acechándola día y noche. “Mi vida peligra, necesito protección. ¡ Me van a matar!”, le dijo el 11 de octubre del año pasado al recién electo gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la única ocasión que ha recibido a los familiares de desaparecidos desde que llegó al poder.
“El gobernador escuchó las amenazas de muerte que Miriam estaba recibiendo y sólo sonrió. Ni contestó. Pensó que era una exageración. No le hizo caso”, recuerda Guillermo Gutiérrez Riestra, compañero de lucha de Miriam y testigo del peligro de muerte que afrontaba.
En entrevista con La Jornada, Gutiérrez Riestra, presidente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Tamaulipas, niega que la activista asesinada el pasado 10 de mayo tuviera seguridad, como declaró el fiscal de la entidad, Irving Barrios Mojica, quien aseguró en conferencia de prensa que, por orden del gobierno, “policías” realizaban rondas tres veces al día en casa de ella.
El activista, también amenazado de muerte y sin protección ni medidas cautelares por la desaparición de su hija Raquel Gutiérrez Rodríguez, el primero de septiembre de 2011, añade: “Es mentira lo de los rondines. Miriam se hubiera dado cuenta, pero nunca dijo nada. Además, es una estupidez, porque esa supuesta seguridad no sirve para nada”, dice sin poder ocultar su indignación: “el asesinato de ella fue una muerte anunciada”.
Una “muerte anunciada” desde hace siete meses, cuando se entrevistaron con el gobernador García Cabeza de Vaca: “Son las consecuencias de un gobierno indolente, que no le dio la importancia. Ella llevaba por lo menos los últimos siete meses advirtiendo al propio gobernador de las amenazas de muerte que recibía”.
Por la omisión y el desprecio que Miriam recibió de parte de las autoridades de la entidad, no descarta que el crimen lo hayan cometido el propio gobierno.
“Sus denuncias eran contra elgobierno. Tamaulipas es un narcoestado. Estamos en guerra desde hace 10 años. Ella le decía sus verdades al gobierno, por su incapacidad y su falta de responsabilidad. Ya la callaron, han callado una voz muy fuerte con este crimen, silenciaron la voz de San Fernando, un lugar donde se han cometido crímenes atroces”.
Lucha interminable
El pasado 23 de marzo, cuando se registró la fuga de 29 internos del penal estatal de Ciudad Victoria, en poder del crimen organizado, Miriam Rodríguez solicitó con carácter de urgente nuevamente la protección del Estado, del gobierno federal a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque entre los fugados estaba uno de los responsables del secuestro y asesinato de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, ocurrido en 2012.
Ninguna de las instancias atendió el llamado de angustia de la activista. Un llamado que también hizo mucho antes, el 3 de abril del año pasado, cuando García Cabeza de Vaca, entonces candidato a la gubernatura de Ta- maulipas, acudió a San Fernando.
“Hice presencia en este municipio par1a mandar un mensaje de aliento a estas familias que todos los días se levantan pidiendo a Dios poder encontrar a sus familiares desaparecidos”, dijo el candidato panista en una reunión encabezada por Miriam Rodríguez.
A escasos días de llegar al poder, García Cabeza de Vaca se reunió el 11 de octubre nuevamente con los familiares: “Lo que esté al alcance del gobierno, se pondrá a disposición de las víctimas directas o indirectas por la desaparición de personas”, prometió entonces, luego de escuchar sobre las amenazas que Miriam y otros luchadores sociales estaban recibiendo.
Pero desde hace siete meses, García Cabeza de Vaca se negó a recibir a los familiares. Turnó las audiencias al secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, luego a la subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Gloria Elena Garza Jiménez, y finalmente a Lorena Garrido Salazar, directora del Instituto de Atención a Víctimas. Y ninguno de estos funcionarios ofreció protección y seguridad a Miriam Rodríguez.
La última reunión con autoridades fue hace 22 días, y la activista dijo, según un video difundido, que había tenido que cerrar su negocio a falta de respuesta del gobierno: “La protección que pidió a todas las instancias nunca llegó. La única respuesta que obtuvo del gobierno del estado fue darle un teléfono para que llamara en caso de emergencia”, dice Gutiérrez Riestra, presente también en esa ocasión.
Ahora el gobierno del panista García Cabeza de Vaca dice que a través de la Policía Estatal Acreditable Fuerza Tamaulipas –corporación cuestionada por varios crímenes, entre ellos tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, denunciados por los propios activistas– la estaba protegiendo, realizando rondines periódicos.
La supuesta “vigilancia” de esos rondines ha sido denunciada igualmente por ineficiente, ya que no tienen bitácoras para respaldar los horarios de los supuestos recorridos, no piden la firma de quien están “protegiendo” ni respaldan con fotografías el cumplimiento del operativo.
“Cómo creen que se le puede dar seguridad a un activista ame- nazado sólo con que pase la patrulla por su casa dos o tres veces al día. Así no se le da seguridad a nadie; al contrario, cuando hay patrullas, los delincuentes toman nota de los horarios para cometer el acto”, dice.
La última vez que Miriam solicitó ayuda fue el 28 de abril ante representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU: “Ella les dijo que iba a morir, que la iban a matar. Les anunció lo que le iba a pasar”.
Oídos sordos
Miriam Rodríguez nunca dejó de luchar. El pasado 11 de abril acudió al Congreso local para cuestionar la nueva Ley de Atención a Víctimas de Tamaulipas, que marginó a los colectivos en la consulta y participación ciudadana para construir esa norna: “En esa ocasión volvió a solicitar apoyo a los representantes del gobierno estatal por una serie de amenazas que seguía recibiendo, pero las funcionarias que la atendieron se limitaron a tomar apuntes solamente, tratando de minimizar la situación de vulnerabilidad”, afirma su compañero de lucha, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
En entrevista, el activista, que también está amenazado de muerte, no duda en identificar a los responsables, y presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos una queja para que se investigue la omisión de funcionarios de todos los niveles.
“Hay responsabilidad penal de los funcionarios de Tamauli- pas: del secretario de Gobierno, del titular de Seguridad Pública, así como del procurador de Justicia. La indignación es contra el gobernador, que inició su campaña en San Fernando, luego comemnzó su gobierno recibiendo a los familiares y después incumplió. Basta de simulación”.
Añade: “Esta ejecución de nuestra compañera Miriam es la consecuencia de una serie de omisiones y negligencia de muchos funcionarios del gobierno de Tamaulipas. Tenemos una compañera caída en la exigencia de justicia y su crimen no debe quedar impune. No es solamente que detengan a los responsables materiales, sino que aquellos funcionarios que omitieron darle protección también tengan responsabilidad jurídica”.
Dos funerales
Miriam Rodríguez exhibió la ineptitud de las autoridades de Tamaulipas, que le entregaron restos de otra persona luego del secuestro y asesinato de su hija. Fue cuando decidió iniciar la lucha por la verdad y dos años después encontró los restos de su familiar en una fosa clandestina.
“Ella tuvo dos sepelios de su hija. La primera vez le entregaron un cuerpo que no era el de su ser querido. Le hizo el velorio y después se enteró que estaba en una fosa común y fue y la sacó para darle sepultura. Resulta que al primer cuerpo no le hicieron las pruebas de ADN. Ella nunca dejo de exhibir todas las anomalías, la falta de protocolo y de reclamar que se abrieran las fosas comunes”, dice Gutiérrez Riestra.
Profundamente triste, señala que hay alrededor de 100 mil cuerpos no identificados en Tamaulipas, depositados en fosas comunes que el gobierno se niega a abrir: “Estamos en un narcoestado, que así resuelve los problemas, desapareciendo gente y asesinando. Es una guerra que no termina. Ahora ya no son dos grupos criminales los que se disputan el territorio, ahora son 40 o 50 cárteles que se están peleando no sólo por el tráfico de droga, sino la extorsión y el secuestro”.
La lucha de los defensores de derechos humanos sigue. Oficialmente el estado tiene 8 mil desaparecidos registrados, pero las cifras de los colectivos es otra: “Para nosotros la cifra negra, la cifra de terror, es que hay más de 80 mil en Tamaulipas”.
El activista exige justicia, pero advierte que van a seguir alzando la voz por los desaparecidos, y termina haciendo una pregunta que no le deja dormir: “Después de Miriam, ¿quién es el siguiente?”
Por el asesinato de la activista también deben responder los funcionarios omisos