La corrupción abreva de la negligencia y la complicidad
Como nuevo titular, Javier Acuña delinea prioridades del Inai El andamiaje legal será eficaz cuando se integre el sistema de archivos
Recién electo presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas sostiene que la corrupción abreva tanto de la negligencia y las omisiones de ciertos sectores como de la red de complicidades entre funcionarios, para garantizarse impunidad. Si bien el país ha construido un andamiaje legal para combatirla, a partir de los sistemas Nacional Anticorrupción y de Transparencia, su eficacia operativa requiere complementar la tercera vertiente: el Sistema Nacional de Archivos.
En entrevista con La Jornada, Acuña subraya la importancia de lo que denomina “trípode contra la corrupción: en los documentos quedan las huellas dactilares de la gestión, de manera que preservarlos permite juzgar con acierto y neutralidad si se hizo lo correcto o incorrecto. Si no se engarzan con los otros dos sistemas, no pueden funcionar a plenitud, (pero) no digo que no sirvan”.
Al preguntársele sobre la importancia de garantizar la transparencia para apuntalar el combate a la corrupción, Acuña destaca que “el puro Sistema Nacional de Transparencia, aunque sea flamante y parezca impresionante, que lo es, no será por sí solo en lo absoluto suficiente para remediar la corrupción”.
–¿Ha habido gran rezago del Congreso en la ley de archivos?
–La ley general de archivos tiene mayor retraso. El Constituyente exigió las tres leyes desde que aprobó la reforma constitucional en febrero de 2014 (de Transparencia, Archivos y Protección de Datos Personales) y dio un año al Legislativo. Si la de transparencia se tardó más de un año y la de protección de datos personales casi dos, para la de archivos estamos hablando de tres años. –¿Eso es grave? –Sí, porque no permite que haya sintonía. El Constituyente pensó, al echar a andar este entramado, unir cabos sueltos para que la maquinaria institucional camine por vías que permitan su observancia. Incompleto permite que todavía haya flancos por donde se pueden incumplir las expectativas y los compromisos institucionales.
Sin embargo, advierte que aún hay temas polémicos, pero que pueden subsanarse, entre ellos el papel de la Secretaría de Gobernación en el consejo del Sistema Nacional de Archivos: “Un sector de la sociedad ha exigido que Gobernación se retire completamente del consejo del Sistema Nacional de Archivos. En el Inai fuimos enfáticos en decir que el Archivo General de la Nación se convirtiera en un organismo descentralizado no sectorizado, con elegancia institucional”.
Herencia de la gestión de su antecesora, Acuña enfrentará los retos de la cuestionada puesta en operación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y las deficiencias ocurridas, que el comisionado define como “incidencias de adaptación”, que si bien fueron errores importantes que se han ido corrigiendo, tuvieron multiplicidad de factores, pues al final de cuentas se trata de la construcción de la base de datos más importante del país, que ya tiene 60 millones de registros y casi 900 millones de datos.
En descargo, Acuña asegura que no sólo fue un problema del Inai en el diseño y construcción de la PNT, sino que enfrentó los rezagos presupuestales y tecnológicos que arrastran los 32 órganos garantes en los estados, que en algunos casos eran tan obsoletos que aún ahora, a un año de su operación, el instituto hospeda todo el sistema de al menos ocho de ellos, que no han podido operar por sí mismos.
Entre las prioridades del Inai destaca apuntalar sus obligaciones en la protección de datos personales, pues, admite, hasta ahora, tanto en las reformas como en la operación del instituto, se ha priorizado centralmente la transparencia. Es claro que estamos en la era de la información y eso se ha impuesto, pero la protección de datos personales es un tema central en un país que se “ha convertido en un santuario de bases de datos clandestinas”.
Con los plazos de vencimiento para la homologación estatal a la ley general, el rezago es ostensible: sólo Durango ha aprobado su ley y hay 15 entidades con iniciativas. Para Acuña, es un atraso que debe revertirse para consolidar la protección de datos personales, cuando vemos los alcances que tienen los ciberataques.