La indignación necesaria
l asesinato de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de este diario en Sinaloa, editor de Ríodoce y autor de varios libros sobre delincuencia organizada, ha generado manifestaciones de indignación, protesta y solidaridad en diversas ciudades del país, publicaciones y redes sociales, como ha venido ocurriendo en el caso de los informadores ultimados en años recientes.
La sociedad ha ido cobrando conciencia de que el acto de privar de la vida a un informador no sólo es un homicidio condenable como tal, sino también la brutal cancelación de la libertad de expresión de la víctima y un grave atentado al derecho a la información de la sociedad. Como ocurre con los ataques mortales contra activistas de los derechos humanos y ambientalistas, matar a un periodista es cometer un crimen en distintos ámbitos y contra mucha gente.
La mención de tales agravantes no implica pretensión alguna de poner a los muertos de un gremio por encima de las otras víctimas de la violencia descontrolada que azota al país. Ocurre, simplemente, que la mayor visibilidad y el amplio grupo de personas afectadas por tales asesinatos tiene un impacto de mayor calado en la conciencia de círculos más amplios que los estrictos entornos familiares, laborales y sociales de los caídos.
La indignación social es, a su vez, la principal esperanza para detener la mortandad causada por la criminalidad organizada y por la estrategia oficial de seguridad pública, la cual, más de 10 años después de haber sido adoptada, ha demostrado plenamente su inoperancia e impertinencia.
Sería desable que la declaración formulada ayer por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que las autoridades federales formularán “respuestas de Estado” para garantizar el libre ejercicio del oficio periodístico y salvaguardar la vida de los informadores resultara cierta; sin embargo, es difícil hacerse ilusiones de obtener resultados inmediatos, toda vez que