Periodistas, impunidad e impotencia

n 1986 el cártel de Medellín (Pablo Escobar Gaviria) asesinó al director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza. En su honor, la Unesco instituyó el Premio Mundial a la Libertad de Expresión Guillermo Cano. No hubo duda de quién lo asesinó, pero tampoco hubo la justicia que esperaban sus familiares y los periodistas de Colombia. Aquel crimen todavía no ha sido resuelto a satisfacción de quienes reclamaron justicia, ni siquiera después de la muerte del multihomicida de Medellín hace 24 años.

En México ocurre más o menos lo mismo. Se asesina a periodistas y la mayor parte de estas muertes queda impune. Es así que se mata a periodistas porque se puede y aun así no hay protección para los que informan lo que muchos ocultan, tanto de los narcos como de las autoridades que los cobijan o los consienten.

La tarea de muchos periodistas, lamentablemente no de todos, es contar la verdad, para lo cual investigan mucho más de lo que hacen las autoridades gubernamentales encargadas de hacerlo; denuncian, escriben reportajes y libros, revelan lo que otros quieren ocultar. Por esto mismo lo que se afecta, más allá de la dolorosa muerte criminal de periodistas, es la libertad de expresión y el derecho de la población a ser informada.

En todos lados es muy fácil asesinar personas, hasta en Suecia que tiene muy bajo índice criminal. Pero en México este fenómeno se ha vuelto noticia diaria, sobre todo después de que el inepto Calderón Hinojosa decidió sacudir el avispero so pretexto de combatir al crimen organizado. Pero al asesinato casi cotidiano sobresale el de informadores que escarban en los meandros del crimen y de sus encubridores políticos para denunciar lo que realmente sucede en el país. Son esos héroes de la información los que nos han dicho cómo funciona el crimen organizado, los que han dado nombres, apellidos y alias, los que nos dicen cómo operan y qué nexos tienen, los que han dado pie a documentales, películas, series de televisión y novelas. Es decir, no son los mismos que por pleitos de mafias mueren por defender una plaza criminal o un punto de venta para ampliar su mercado aquí y en el extranjero. Son también los que hacen lo que debieran hacer las autoridades (investigar) y los que se la juegan a veces sólo para hacer una entrevista o seguir un rastro del tráfico de drogas ilegales.

Y, sin embargo, nadie en los gobiernos nacional, estatal o municipal les da protección, más bien los dejan a la deriva. Ni siquiera los corresponsales de guerra tienen tanta desprotección como los periodistas mexicanos, los decentes y no los chayoteros y corruptos que, como todos sabemos, también existen y se hacen ricos tergiversando la realidad u omitiendo información que luego venden a trasmano.

La vieja idea de que el periodismo era el “cuarto poder” desapareció del mapa de México. Influye, bien se sabe y las denuncias que aparecen en los periódicos, la radio y la televisión con frecuencia repercuten, pero cuando se trata de denunciar zonas oscuras de criminalidad y complicidades, los periodistas se vuelven blanco fácil de hostigamiento y, como hemos visto, de asesinatos. En otras palabras, los periodistas dejaron de tener poder, entre otras razones porque con frecuencia lo denuncian en sus debilidades y asociaciones no siempre apegadas a derecho. Antes una credencial de un periódico permitía un cierto privilegio para ingresar a escenas a las que no tenían acceso las personas comunes, ahora parece recomendable ocultar esas identificaciones. Uno ve en las películas que los vehículos de prensa, incluso en las guerras, eran respetados y hasta se les escribía en los techos y costados la palabra “prensa”. No eran totalmente respetados esos vehículos, como tampoco los de la Cruz Roja, pero les daba cierta seguridad. Ahora es contraproducente: un informador social, un periodista, es alguien que cuenta lo que se quiere ocultar en la cada vez más amplia zona de guerra e impunidad que vivimos en el país, y por lo tanto peligroso para el sistema y debe ser silenciado como sea.

Declaraciones van y vienen, por parte de las autoridades de diversos niveles encargadas de la seguridad interior del país, pero el hecho es que el crimen aumenta y las víctimas también. ¿Qué no están haciendo bien los gobernantes? ¿A quién le conviene este clima de miedo e incertidumbre? ¿De qué sirve toda la tecnología de punta utilizada para prevenir la criminalidad y encontrar a los culpables? ¿Por qué de miles de casos en manos de las autoridades judiciales sólo se han resuelto unos cuantos y por qué mienten y hasta fabrican escenarios inverosímiles para el consumo popular? ¿Se trata solamente de corrupción? Y si es el caso, ¿por qué no hay una instancia que la investigue y la limpie de una vez por todas, caiga quien caiga? ¿Porque no hay gobierno o porque éste también es corrupto? ¿Por qué se insiste en el actual gobierno en la misma estrategia auspiciada por Calderón que muy pronto demostró su ineficacia? ¿Cuántos muertos más tendrá que haber, o no importan? ¡Qué impotencia!