Rechazan embargo de un aserradero ejidal en Durango
Ocupan las oficinas del SAT en la capital La empresa es ‘‘social’’, argumenta comisario
Comuneros indígenas del ejido de San Bernardino de Milpillas Chico, municipio de Pueblo Nuevo, mantienen ocupadas las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en esta capital porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el embargo de su aserradero por no haber pagado 40 millones de pesos de impuestos, monto que califican de ‘‘robo’’.
El martes los ejidatarios colocaron mantas con diversos reclamos a la entrada de la dependencia y advirtieron que no entregarán las oficinas hasta que el SAT condone el adeudo y lleguen a un acuerdo ‘‘razonable’’.
El comisario ejidal de San Bernardino de Milpillas Chico, Venancio Martínez, refirió que en 2016 la SHCP intentó embargar el aserradero donde los comuneros cortan la madera que extraen de sus bosques. Las autoridades, dijo, pretenden ‘‘sacar ventaja’’ de la ‘‘ingenuidad’’ de los comuneros y quitarles su equipo de trabajo.
Aclaró que el registro de los ejidatarios ante el SAT especifica que su actividad se basa en usos y costumbres y que las labores en el ‘‘aserradero también son de carácter social’’.
De hecho, contó, venden su madera a precios por debajo de mercado a instituciones gubernamentales para elaborar sillas, escritorios y otros artículos para escuelas y oficinas públicas.
Venancio Martínez explicó que la deuda obedece a que el SAT modificó el régimen fiscal del aserradero y considera que los ejidatarios son empresarios. Detalló que hasta antes de 2006 estaban registrados en el sector primario porque sólo vendían los pinos talados a empresas que procesaban la madera.
Pero con el propósito de generar valor agregado, solicitaron un crédito y con apoyo gubernamental compraron maquinaria e instalaron un aserradero que opera desde ese año.
‘‘Quisimos obtener más ganancias en beneficio de los 6 mil habitantes que dependen de esta comunidad. Por eso que nos están aplicando la Ley Fiscal sin tomar en cuenta que aún estamos regidos por usos y costumbres y el fisco nos pide comprobar ganancias que no hemos tenido en 10 años’’, reprochó.
El comisariado ejidal de San Bernardino de Milpillas detalló que en una década las ventas no han pasado de 20 millones de pesos y el fisco pretende cobrarles el doble de esa suma.
Lo que más les sorprende, destacó, es que en enero de 2016 la deuda era de 22 millones de pesos, ‘‘monto que ya era exagerado’’, pero en octubre de ese año se incrementó a 26 millones de pesos y en la última notificación de embargo, de mayo pasado, el SAT les advirtió que el adeudo asciende a casi 40 millones de pesos. ‘‘Lo peor es que ya no nos deja seguir trabajando’’, reprochó.
Consideró que las autoridades fiscales del país tienen ‘‘un reglamento muy cuadrado’’ que no considera las condiciones particulares de pequeños ejidatarios y productores, a los cuales, en vez de ayudar a salir de la pobreza, los frena.
Martínez subrayó que Hacienda parece considerar como venta ‘‘el pago anual que damos a los mil 300 ejidatarios por la extracción de madera (obtención de ingresos comunales), lo que se ha hecho desde que vendíamos el producto a terceros’’.
Los ingresos del aserradero se distribuyen entre los ejidatarios, pero ‘‘Hacienda los llama ganancias, como si fuera la actividad de una empresa privada’’, acotó.