Víctimas de abuso iniciarán una queja ante Gobernación contra obispo de Piedras Negras
Dicen contar con una prueba de la protección que Alonso Garza dio al A un joven que se atrevió a denunciar al sacerdote lo “invitaron” a dejar el seminario
La comunidad católica de esta ciudad sigue impactada por las denuncias de abuso sexual contra el rector del seminario menor, Juan Manuel Riojas Martínez, hoy prófugo de la justicia y protegido, según las víctimas, por el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño.
Los crímenes sexuales del sacerdote, conocido como el padre Meño, empiezan a salir a la luz pública: “Somos más de 30 los abusados”, dice mientras camina por la acera del obispado el ex seminarista Ignacio Martínez Pacheco, víctima del ex rector del seminario y uno de los denunciantes ante la Procuraduría General de Justicia de Coahuila.
Lo acompaña Roberto Javier Calzada Tamez, también denunciante y hasta hace unos días seminarista. Quedó fuera de esa institución en Allende, Nuevo León, por “invitación” de los responsables académicos.
Ambos han iniciado el difícil camino en México de llevar ante la justicia civil a un sacerdote católico acusado de “pederastia”, y al obispo “encubridor” que le permitió continuar en su puesto moviéndolo de parroquia.
A su lucha se acaba de sumar la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), con una oficina en México.
“El obispo Garza Treviño está violando la Ley de Asociaciones Religiosas descaradamente. Iniciaremos una queja ante la Secretaría de Gobernación para que intervenga inmediatamente y sea sometido a proceso”, dice Joaquín Aguilar, director de SNAP en México.
Lo que señala la ley
En entrevista con La Jornada, Aguilar dice tener una “prueba contundente” que demuestra el delito de encubrimiento cometido supuestamente por el obispo de Piedras Negras. Se trata de una carta- constancia membretada de la arquidiócesis de Monterrey y del “gobierno eclesiástico”, firmada por el obispo Garza Treviño, donde acepta que fue informado desde el 19 de diciembre del año pasado de la conducta delictiva del sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez.
La carta, de la cual tiene una copia La Jornada, señala que el obispo recibió información por parte de las autoridades del seminario de Monterrey –donde Roberto Javier Calzada Tamez continuaba sus estudios del curso introductorio después del seminario menor de Piedras Negras– sobre un “posible acto” de pederastia.
“Hemos dado noticia de lo que nos fue informado al mencionado obispo”, dice el documento firmado por el promotor de justicia de la arquidiócesis de Monterrey, Pedro Pablo González Sias; el rector del seminario de Monterrey, Juan Carlos Arcq Guzmán, y el coordinador del curso introductorio, Anuar Tofic Canavati González.
“A nombre propio y de Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, he exhortado a monseñor Garza Treviño a actuar de manera apropiada cumpliendo el artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas de los Estados Unidos Mexicanos y, también, con respeto a la legislación canónica, en especial a las normas de los delitos reservados a la Congregación de la Doctrina de la Fe”, dicen los firmantes.
Pero en lugar de informar a la Secretaría de Gobernación para que esta institución diera parte a la Procuraduría General de la República, el obispo simplemente trasladó al sacerdote Riojas Martínez al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
“El contexto que se ha dado de violencia sexual contra menores por parte de sacerdotes ha sido porque ha habido un encubrimiento sistematizado de los obispos, que se convierten en cómplices. En este caso, con la carta y sus cuatro firmas está comprobada la complicidad del obispo Garza Treviño.
“Este sería el segundo caso de un obispo enjuiciado, después de Norberto Rivera, quien fue procesado por “conspiración a la pederastia” en la Corte Superior de California por mi caso”, dice.
Joaquín Aguilar, fue víctima del sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, acusado de abusar sexualmente de más de 100 niños en México y Estados Unidos, protegido por los cardenales Norberto Rivera y Roger Mahony, este último de Los Ángeles, California. Comenta que du- rante su proceso se demostró que ambos prelados intercambiaron al agresor sexual, para protegerlo y evadir la acción de la justicia.
El modus operandi sistematizado de la jerarquía católica mexicana, dice Aguilar, es cambiar de parroquia, de estado o de país a los sacerdotes pederastas, a pesar de que el discurso del papa Francisco da instrucciones para denunciar a los sacerdotes acusados de abusos sexuales.
“El discurso del papa Francisco es uno en las palabras y otro en los hechos. Aquí en México los jerarcas católicos han hecho lo que se les ha pegado la gana y han seguido encubriendo a los sacerdotes pederastas. Esto se ha demostrado en los recientes casos ocurridos en Oaxaca, San Luis Potosi, Ciudad de México y Piedras Negras”.
“Invitado” a irse
A pesar de que fueron las autoridades eclesiásticas del seminario de Monterrey quienes animaron a Roberto Javier Calzada Tamez a denunciar al padre Meño por los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 16 años y estudiaba en el seminario de Piedras Negras, luego que inició el proceso penal en su contra las cosas cambiaron.
Los preparadores espirituales del joven seminarista intentaban convencerlo que no denunciara por encubrimiento al obispo Garza Treviño. De hecho, el obispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, se entrevistó con el seminarista: “Me dijo que no perdiera de vista mi objetivo, que el que me había abusado era el padre Meño, y que no siguiera acusando de encubrimiento al obispo Garza Treviño”, dice en entrevista Calzada Tamez.
Cuenta que lo más difícil fue cuando finalmente sus preparadores espirituales lo “invitaron” a irse del seminario de Monterrey y suspender sus estudios de sacerdote con el pretexto de que ya había faltado mucho por atender las citas judiciales en la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, en la sede de Piedras Negras.
“Yo no quería salirme por ese motivo. El sacerdote me dijo: ‘o te regresas ya o te quedas allá’. Me pusieron entre la espada y la pared, luego me invitaron a irme, diciéndome que ya había estado mucho tiempo fuera del seminario. Me dijeron que mejor luego regresara”.
A Roberto Javier le exigieron firmar una carta con fecha 3 de mayo a cambio de entregarle sus cosas personales. En el documento se afirma que el joven seminarista, con matrícula FIL-0398-2016, solicitó darse de baja: “Me dijeron que escribiera con mi puño y letra: ‘por motivos personales’. Pero yo quería que apareciera todo y luego me fui, con lo cual ya no pudieron decirme que lo cambiara”.
En el texto de la carta, de la cual tiene una copia La Jornada, el ahora ex seminarista escribió: “Estoy pasando por un proceso penal en contra del sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez y el obispo Alonso G. Garza Treviño, de Piedras Negras (fui suspendido para terminar ese proceso), debido a las siguien- tes causas: abuso sexual hacia mi persona y encubrimiento por parte del obispo de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila”.
Su compañero de lucha, Ignacio Martínez Pacheco, ha escrito una carta que enviará al papa Francisco, solicitando su intervención para tener acceso a la justicia y a la reparación del daño, en la cual le cuenta con detalles su historia de abusos sexuales y desilusión:
“A la edad de 15 años ingresé a las filas del seminario menor, creyendo siempre en Cristo y creyendo también en la vida sacerdotal, ingresando con la inocencia de creer que estando dentro de esa institución recibiría una educación y una formación muy privilegiada, lo que nunca pasó. Estoy convencido que mi historia es una de tantas y quizás no sea la más complicada y dolorosa; sin embargo, sé que comparto algo en común con todos mis hermanos que han pasado por esta situación, tratando de sobrevivir con una vida destrozada y más aun criticada por la misma gente que no sólo vive su fe, sino que está endiosada con la vida de los sacerdotes”.
Al igual que Roberto Javier, Ignacio también fue “invitado” a salir del seminario porque se atrevió a denunciar a su agresor ante el obispo, que le prometió actuar a cambio de su silencio, promesa que nunca cumplió.
Su denuncia ha servido para que otras víctimas del sacerdote abusadas en otras parroquias se unan: “Gracias a las redes sociales se han puesto en contacto conmigo. Algunos de ellos son profesionistas, son casados y no quieren dar la cara porque les puede dañar su vida. Me han contado los abusos del padre Meño y también de otros sacerdotes en las diócesis de Saltillo y Piedras Negras, que frecuentan baños saunas, cines pornos y parques buscando menores de edad, incluso contratando sus servicios sexuales en la alameda de Saltillo”.
Entre las víctimas del sacerdote Riojas Martínez, dice, hay menores, pero también niñas: “Conocemos un caso donde el padre Meño abusó también de una niña en su época de diácono”.
Las víctimas están reconstruyendo la historia de abusos sexuales del sacerdote, mientras la jerarquía, dice Ignacio, se dedica a “esconderlo”. El padre Meño “está protegido por el obispo y las autoridades de Coahuila, y lo mantienen en Estados Unidos porque así evitan que declare la verdad sobre su obispo. Ambos son de la misma calaña, tienen la misma preferencia y una historia de abusos”, señalan.