Mayoría de candidatos a magistrados anticorrupción, ligados al PRI o PAN
Senadores del PT y Morena evaluaron propuesta de EPN
A 10 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las acciones gubernamentales para encontrarlos y castigar a los responsables han sido nulas, a pesar de que existe la sentencia de un juez federal, denunció el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
En un mitin realizado ayer a un costado de la Catedral Metropolitana, miembros de dicho colectivo señalaron que esta falta de avances no es casual, sino parte de una estrategia de encubrimiento para dejar en la impunidad todos los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros abusos graves de derechos humanos.
Tras la desaparición forzada de Cruz y Reyes, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca –en la cual habrían participado militares y policías–, sólo hay avances jurídicos, pero ninguno que lleve a la localización de las víctimas, lamentó Susana Aguilar, integrante del FNLS.
En 2009, recordó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 7/2009, que reconoce que se cometió desaparición forzada e insta a los tres niveles de gobierno a dar con el paradero de los dos activistas, reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como sus miembros.
Por otra parte, en 2014 el noveno tribunal colegiado del primer circuito dio a conocer una sentencia –la primera de su tipo en la historia de México– que también admite que ambos luchadores sociales fueron desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado y ordena buscarlos en cuarteles militares o cualquier otra instalación oficial a donde pudieron haber sido llevados.
Sin embargo, lamentó Aguilar, ni la recomendación de la CNDH ni el fallo del juez federal fueron acatados. “Existen leyes y disposiciones, pero no voluntad para obedecerlas, porque es una política de Estado no tocar al Ejército ni a las fuerzas federales, y así los casos permanecen en la impunidad”. De los 18 candidatos propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto para ser magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que deberán sancionar a funcionarios que incurran en actos de corrupción, 14 están ligados a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y algunos incluso contendieron por cargos de representación popular.
De acuerdo con una evaluación realizada por senadores del Partido del Trabajo (PT) y Morena, sólo seis tienen carrera judicial, dos carecen de perfil para esa función y dos más tienen señalamiento de irregularidades en el desempeño de cargos anteriores.
Los nombramientos llegaron al Senado en los últimos días del periodo ordinario, que concluyó el 30 de abril. Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), PT y Morena demandan que sean ratificados en un extraordinario, luego de las elecciones del 4 de junio, pero el PRI y parte del PAN pretenden desahogar ese trámite en la Comisión Permanente.
De los tres aspirantes a la tercera sala del TFJA, Álvaro Estrada Castro, “funcionario regañón y transexenal” que “se ha adaptado a los gobiernos del PRI y el PAN”, ha ocupado 15 cargos federales. Fue removido como subsecretario de Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, por reconvenir al entonces senador panista Ricardo García Cervantes, por su defensa a los familiares de los mineros de Pastas de Conchos.
Jesús Rojas Ibañez es allegado al PRI y a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte, bajo cuyas órde- nes estuvo cuando éste fue titular del Sistema de Administración Tributaria (2008 a 2012).
La tercera candidata a esa sala del TFJA, María Zaragoza, es muy cercana al panista Fauzi Hamdan, quien tiene varios despachos de abogados que litigan en ese tribunal. Fue secretaria técnica de la Comisión de Hacienda del Senado, que entonces presidía Hamdan. Es el caso de Verónica Aguilera Orta, candidata a diputada suplente del blanquiazul por la cuarta circunscripción en las elecciones federales de 2009. Trabajó también en la Fundación Miguel Estrada Iturbide, del PAN.
Igualmente, Ana Yadira Alarcón fue suplente de la diputada panista Margarita Saldaña en la 62 Legislatura. El magistrado Víctor Mariel Soulé, vinculado al panista Santiago Creel, tiene en su expediente señalamientos de actuar de forma dolosa contra trabajadores durante su gestión en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
De acuerdo con ese estudio, al PRI están ligados Carlos Antonio Alpízar; Luis Eduardo Iturriaga, quien carece de perfil para el cargo; Marco Antonio Palacios Ornelas, secretario de acuerdos del TFJA, y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, a quien se asocia con una red de corrupción del Poder Judicial del estado.