Injusticias y desigualdad en el TLCAN
a posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá representa una oportunidad para nuestro país de rescatar la soberanía económica y hacer un cambio hacia una política más transparente, democrática y respetuosa de los derechos humanos y laborales.
No hay duda que para México el TLCAN ha representado un fracaso y un sometimiento a los intereses del capital internacional y a los del gobierno de Estados Unidos. La integración regional detrás de las cadenas productivas ha generado cierto nivel de empleo, pero con aguda depauperación, sin derechos y sin la posibilidad de fortalecer nuestro mercado interno, dados los bajos salarios, por lo cual no existe una prosperidad real para los trabajadores mexicanos, sino el mantenimiento de las condiciones de pobreza.
Lo anterior lo podemos observar claramente en los sectores de la industria automotriz de México, el transporte, la construcción, las maquiladoras, entre otros muchos más. Peor aún, la debilidad de nuestras autoridades para negociar bases diferentes en las reglas del TLCAN y el sometimiento de las políticas económica e internacional, han permitido la entrada al país de muchos productos a precios subsidiados o de dumping, que representan una competencia desleal para la industria nacional y la cancelación o el aplazamiento de nuevos proyectos.
En el caso específico de la industria siderúrgica, las importaciones subsidiadas de lámina en frío que se utiliza para fabricar productos electrodomésticos, automóviles y motores, se han incrementado enormemente porque China produce la mitad del acero del mundo y porque México sólo ha impuesto un gravamen de 15 por ciento, cuando en Estados Unidos en algunos casos ha llegado hasta 500 por ciento. Así no hay forma de proteger a la actividad industrial del país.
Durante varias décadas los trabajadores y la población en general han sufrido los efectos devastadores de tratados de libre comercio que han sido una decepción y un fracaso. Todos esperamos la oportunidad de corregir esos errores sobre la base de que mantener el estancamiento o el statu quo puede generar más pérdida de empleos. Por eso, debemos exigir del gobierno mexicano y de los negociadores que establezcan un camino y unas bases sólidas sobre las cuales pongan primero a la gente, y no a las corporaciones o a los intereses privados del gobierno o de los gobernantes.
Han transcurrido 23 años desde que el TLCAN prometió prosperidad para la clase trabajadora y la población en su conjunto, sin siquiera hoy vislumbrarla. Todo porque desde el principio se puso mayor énfasis en un modelo de comercio que permitiera a los inversionistas obtener mayores utilidades corporativas por encima de las necesidad de los habitantes de cualquiera de las tres naciones que lo integran.
Mientras tanto, se ha generado un flujo del capital global hacia México, porque en nuestro país se propusieron en el gobierno declarar una política de cero conflictos de huelga, la cual no han podido cumplir, y de bajos salarios para atraer las inversiones extranjeras, sin importar los costos sociales. También el gobierno de Peña Nieto no ha tenido la voluntad política de establecer un claro respeto a la democracia sindical, ni tampoco al medio ambiente, con lo cual ha condenado a la economía nacional a ser una simple maquiladora o proveedora de mano de obra barata y sin las herramientas necesarias para mejorar el bienestar de los trabajadores.
Al mismo tiempo, las autoridades laborales han apoyado un sistema de explotación basado en los “contratos de protección patronal” que impiden la libre negociación colectiva y mantienen reprimidos y controlados los salarios de los mexicanos que hoy son los más bajos de América Latina y de otras partes del mundo.
Mientras que en México en 2014 más de 21 millones de personas vivían bajo la línea de la pobreza aun después de 23 años del TLCAN, algo diferente era para América Latina, ya que allá las condiciones mejoraron hasta casi cinco veces. Por ello, los derechos laborales deben formar parte de un capítulo especial del tratado, que a su vez permita el surgimiento de más organizaciones sindicales libres y democráticas. Simultáneamente debe establecerse un mecanismo legal para resolver las violaciones a los intereses de los trabajadores.
Igualmente, la revisión del TLCAN debe incluir disposiciones para poder controlar las manipulaciones del tipo de cambio, los subsidios, las importaciones ilegales y las reglas de origen sobre la producción nacional. En fin, toda una estrategia que defienda la soberanía y la economía nacional, que debe incluir tres puntos fundamentales:
1. Negociaciones transparentes en consulta con el Congreso y con la sociedad civil.
2. Rechazar el sistema de resolución de conflictos en tribunales privados que privilegien a las empresas multinacionales.
3. Fortalecer las reglas de origen regional para evitar que China u otros países puedan aprovechar excesivamente nuestro mercado.
Durante las pasadas dos décadas, hemos presenciado un incremento sin precedente en las utilidades y en los derechos de las corporaciones multinacionales, lo cual ha generado una mayor desigualdad e injusticia. Estas negociaciones deben permitir cambiar de estrategia.