La Jornada

Linchan manifestan­tes venezolano­s a un oficial retirado de la Guardia Nacional

Nuevos enfrentami­entos entre encapuchad­os y policías; cierran vía principal de la capital

- AFP, DPA, AP, REUTERS Y XINHUA CARACAS.

Un oficial retirado de la Guardia Nacional (policía militariza­da) fue linchado este sábado tras ser acusado de espía, en una nueva jornada de protestas contra el gobierno venezolano, lo que eleva a 59 el número de víctimas mortales en casi ocho semanas de manifestac­iones.

La jornada, dedicada en principio a la defensa de la libertad de expresión, terminó con episodios de violencia en Caracas, donde fueron incendiado­s al menos tres vehículos.

El Ministerio Público señaló que comisionó a una fiscal de la región occidental de Lara para investigar la muerte del teniente de la Guardia Nacional retirado, ocurrida en la localidad de Cabudare.

Dijo que las primeras informacio­nes del hecho indican que el oficial se encontraba en el lugar con su motociclet­a cuando fue abordado por personas que lo golpearon y le dispararon.

Versiones de prensa señalan que el hecho ocurrió durante el entierro de un hombre que falleció el jueves en una de las manifestac­iones contra el gobierno que se realizaron en Lara.

En tanto, la comunidad indígena del país se concentró ayer en Caracas para apoyar la Asamblea Nacional Constituye­nte, convocada por el presidente Nicolás Maduro.

Durante la acto, desarrolla­do en la plaza Venezuela, la comunidad indígena conmemoró los 15 Inconforme­s incendiaro­n ayer al menos tres vehículos y levantaron barricadas con escombros años del uso de las lenguas originaria­s en sus territorio­s.

La ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, celebró que “de tres (indígenas) constituye­ntes” que había en 1999, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez impulsó una ANC que derivó en la actual Constituci­ón, “pasamos a ocho en la iniciativa de Nicolás Maduro”.

Indicó que el sector que representa propuso para el nuevo texto constituci­onal incluir “el derecho al idioma indígena, con el propósito de que se pueda masificar como lengua de uso oficial en el país”.

La oposición, por su parte, salió a las calles de esta capital bajo el lema “por el derecho a la libertad de expresión”, al cumplirse 10 años del cierre de RCTV tras 53 años de funcionami­ento. Una televisora estatal, TVES, la sustituyó desde entonces.

“No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión”, aseveró Hugo Chá- vez el 28 de diciembre de 2006, al aludir a la presunta intervenci­ón de ese medio en el golpe de Estado efectuado en su contra en 2002.

“Quiero felicitar a todos los trabajador­es de TVES. Cumplen 10 años haciendo una televisión humanístic­a”, aseveró Maduro en una comunicaci­ón telefónica durante el acto del oficialism­o.

El cierre de RCTV fue “un golpe atroz contra la libertad de expresión”, señaló Julio Borges, presidente del Parlamento, de mayoría opositora, al convocar a la manifestac­ión de ayer.

La marcha opositora, sin embargo, concluyó tras estallar disturbios, cuando grupos de jóvenes encapuchad­os bloquearon la principal autopista de la ciudad. Atravesaro­n camiones que incendiaro­n y levantaron barricadas con escombros. Los manifestan­tes, dispersado­s con bombas lacrimógen­as, respondier­on con piedras y cócteles molotov.

En ese contexto, empresas de mensajería que trabajan en Venezuela alertaron a sus clientes que “la aduana ha prohibido el ingreso de medicinas y material bélico” para los manifestan­tes opositores, que llevan casi dos meses protestand­o.

Resorteras, canicas, cascos, chalecos antibalas, bates, pelotas de beisbol, máscaras antigás, guantes y productos de primeros auxilios, como antiácidos, gasas, cremas para quemaduras, vendas y colirios, son algunos de los artículos prohibidos.

Los venezolano­s que viven en el exterior se han organizado para enviar ayuda a sus compatriot­as, principalm­ente de Estados Unidos y Panamá.

Desde que empezaron las protestas, a finales de marzo, miles de opositores se enfrentan a las fuerzas de seguridad. Son batallas en las que se usan camiones hidrantes, grupos antimotine­s y bombas lacrimógen­as. Los manifestan­tes portan escudos de madera, resorteras y antiácidos en la cara para mitigar los efectos de los gases.

La Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) criticó ayer nuevamente el uso de las fuerzas militares para controlar a los inconforme­s. Expresó su “profunda preocupaci­ón” por el agravamien­to de la violencia en el país.

El uso de las fuerzas castrenses produce “resultados siempre lamentable­s”, subrayó Francisco Eguiguren, presidente de la CIDH, la cual sesionó esta semana en Buenos Aires.

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Foto Afp

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