Tribunal castiga con $2 mil 100 millones a constructora de L-12
Retraso de la obra, trabajos mal realizados y gastos para rehabilitarla, motivos, indica fallo
El Gobierno de la Ciudad de México sólo pagará 4 mil millones de pesos de los más de 6 mil millones que exige el consorcio formado por las empresas ICA, Carso y Alstom, como adeudo por la construcción de la línea 12 del Metro, informó la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Lo anterior, explicó la dependencia, fue determinado por la cuarta sala civil del Tribunal Su- perior de Justicia (TSJ) capitalino, que penalizó al consorcio con mil 700 millones pesos por el retraso de la obra, trabajos mal ejecutados o mal realizados, así como con 400 millones por los gastos erogados por la adminis- tración local para la rehabilitación de la llamada línea dorada.
Dicho pago podrá realizarse en especie y no necesariamente en efectivo, según palabras del mismo jefe de Gobierno local, Miguel Ángel Mancera Espino- sa, quien señaló que “obviamente lo que busca la ciudad es no tener que hacer un pago líquido; ese es el objetivo, habrá que verlo y tendrá que ser conforme a nuestra norma”. Agregó que es una reducción importante la que obtuvo a la cantidad exigida por el consorcio.
La Consejería Jurídica resaltó que es la primera vez que el consorcio constructor es condenado al pago de una pena convencional por deficiencias en la construcción de la línea 12 del Metro, que va de Tláhuac a Mixocac.
En total, según la Consejería Jurídica, el Gobierno de la Ciudad de México ganó 2 mil 121 millones de pesos en el juicio sobre la línea 12 del Metro, la cual se obtuvo en segunda instancia, pues en marzo pasado se había obtenido una condena en favor por mil millones de pesos.
Recordó que la pretensión del consorcio era obtener 6 mil millones de pesos, pero en el mismo fallo, el TSJ concluyó que sólo tiene derecho a 4 mil millones de pesos, y que “la obligación de pago podrá extinguirse con cualquiera de las formas, instrumentos o mecanismos” que la norma del gobierno capitalino autorice, según la propia determinación judicial.
Resaltó que con base en el contrato celebrado el 17 de junio de 2008 por el gobierno de la ciudad, la cantidad máxima a pagar por el consorcio constructor por retraso y detalle de obra, trabajos no ejecutados o mal realizados, daños o perjuicios es de mil 700 millones de pesos, incluido el impuesto al valor agregado.
Asimismo, fue condenado a un pago de 400 millones de pesos, más impuestos, por los gastos que realizó la administración local en materia de rehabilitación de la línea 12, la cual suspendió su servicio por más de año y medio por fallas en su construcción.