DENUNCIA ROBO IMPUNE DE FUNCIONARIA DEL CJF
Consejo de la Judicatura Federal, ministro presidente Luis María Aguilar Morales: Leslie Contreras Romero trabaja de secretaria del decimocuarto tribunal en materia de trabajo y, amparada en ese puesto y –según sus declaraciones– por los jueces para quienes realiza su labor, me ha estado robando de manera impune.
En 2014 firmó un contrato para arrendar un restaurante de mi propiedad. Pagó seis rentas y luego dejó de hacerlo. Le pedí una cita, a la que acudió con un abogado, quien nos informó, a mi abogado y a mí, que no pensaban pagar más y que no había manera de obligarla, ya que la señora Contreras estaba protegida por tres jueces y tenía contactos en los juzgados y en la policía, por lo que nos recomendaba tener cuidado. Desde entonces hemos intentado demandar legalmente el pago y la entrega del local y ha sido imposible, entre otras cosas, porque ella mintió en las garantías y al proporcionar el domicilio en la firma del contrato, por lo que no existe manera de ubicarla. Ya acudí a hablar con los jueces para quienes trabaja y ellos alegaron que no son los empleadores directos y que la única persona que puede hacer algo al respecto es usted.
En noviembre de 2017 se cumplirán tres años desde que Leslie Contreras Romero, amparada en sus influencias, ha estado haciendo negocio con parte de mi patrimonio sin pagar lo que corresponde, es decir, robando de manera impune al amparo, según sus palabras, de la institución que usted preside.
Me dirijo a usted, respetuosamente, para que conmine a una empleada que depende directamente de usted a responder legalmente por las obligaciones contraídas y a quienes la protegen desde los juzgados, dejen de hacerlo. el Instituto Nacional Electoral (INE). Como la norma dispone que a los funcionarios ausentes el día de la votación se les sustituya con los primeros ciudadanos formados en la fila, muy a pesar del instituto resultó que al final una mano divina se las ingenió para designar a presidentes, secretarios o escrutadores en la mayoría de las casillas.
Esta notable circunstancia, el hecho de que la oposición no tuvo representantes en 100 por ciento de las casillas y, por añadidura, la terca división que impide a los partidos de oposición ponerse de acuerdo, como en Coahuila, para compaginar sus datos y escudriñar juntos el mapa de los distritos, hace muy difícil probar un eventual fraude electoral. Limitarse a comparar los datos de las actas disponibles con las cifras oficiales es insuficiente. Desde luego, sería más eficaz abrir los paquetes, recontar los votos y cotejar el resultado con lo que dicen las actas. Pero la norma dispone que el recuento procede sólo en caso de una diferencia porcentual mínima entre el primero y segundo lugares.
Con todo, me parece que el doble fondo de esta elección de Estado podría salir a relucir con el examen minucioso de las actas confeccionadas por esos misteriosos 25 mil funcionarios de casilla: ellos custodiaron la papelería electoral, decidieron sobre votos válidos y nulos, hicieron el cómputo de la votación, llenaron las actas, colocaron las sábanas con los resultados, transportaron y entregaron las urnas. Acaso ni siquiera sería necesario analizar el conjunto: bastaría con hacer una muestra representativa de esas actas y revisarlas con lupa para pescar irregularidades: anomalías entre el universo de electores y votos emitidos, incongruencias en la distribución de votos en las casillas urbanas y rurales otorgadas al PRI, aberraciones aritméticas o estadísticas, atentados contra la lógica o el sentido común, etcétera. “En los pequeños detalles está Dios”, dice con fina ironía el poeta alemán Hans Magnus Enzensberger. la situación jurídica del inmueble, pues la propiedad se ha vendido dos veces por medio de Juan Pedro Vera y Franco, apoderado legal. Debido a esta confusión Rangel Barragán ha tomado ventaja al pedir 100 mil pesos por departamento para demoler el edificio y construir viviendas nuevas, señalando que con esa cantidad serán los nuevos propietarios.
Hacemos esta situación pública esperando la ayuda del jefe de Gobierno de Ciudad de México, ya que lamentablemente el agente del Ministerio Público de la delegación Azcapotzalco se negó a levantar el acta correspondiente alegando que no procedía al no pescar a estos vándalos en flagrancia.