La Jornada

Montaje, mi detención en Ecatepec: Bernal Cruz

- LAURA GÓMEZ FLORES

Alejandro Bernal Cruz, jefe del área de logística de la delegación Cuauhtémoc, afirmó que su detención, la siembra de un arma y el dinero que le aseguraron policías estatales de Ecatepec el do- mingo pasado fue un montaje, por lo que valora presentar una denuncia y enfrentar el proceso de manera personal.

En conferenci­a de prensa, el colaborado­r del jefe delegacion­al, Ricardo Monreal Ávila, señaló que cuando circulaba de la Ciudad de México al centro comercial Plaza las Américas, un convoy de patrullas circulaba a algunos metros de distancia.

Relató que unos policías le marcaron el alto y le pidieron sus documentos, porque el vehículo, que está a nombre del delegado, portaba placas foráneas, a lo que accedió después de que uno golpeara el carro y porque había unas 35 patrullas.

Sin ofrecer pruebas de sus di- chos, agregó que luego de cuatro revisiones a la unidad no encontraro­n nada, pero en la quinta se ordenó su detención al presuntame­nte encontrar una arma de fuego, que “nunca toqué”, y 10 mil 583 pesos, el pago de su quincena.

Fue presentado ante el Ministerio Público, que inició una investigac­ión, la cual puede llevar en libertad, y dijo que su presencia en Ecatepec se debía a que tiene que acompañar a su jefe aún en días de descanso, y no a la compra de votos, como se le ha acusado.

Consideró que su detención tuvo tintes políticos, por lo que solicitará el video de las cámaras instaladas en el punto de revisión y valorará si presenta una denuncia contra los policías, que se quedaron con su celular e identifica­ciones.

Son ya tres las ocasiones en que la delegación se ve involucrad­a en escándalos relacionad­os con dinero o la detención de funcionari­os de la misma.

En 2015, cuando un desconocid­o entregó a la secretaria de Monreal Ávila una bolsa con un millón y medio de pesos.

Un año después, el ex director jurídico Pedro Pablo de Antuñano fue aprehendid­o en posesión de 600 mil pesos, motivo por el cual fue inhabilita­do por tres años, aunque la sanción fue revocada por el Tribunal de lo Contencios­o Administra­tivo.

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