Ampara la justicia federal obras de Patio Tlalpan, pese al daño urbano
■ Ordena a la delegación retirar los sellos de clausura ■ No serán demolidas ■ La resolución no conlleva reanudar la construcción, que tiene un avance de 80%
La justicia federal detuvo la demolición del complejo comercial Patio Tlalpan, que construye el grupo México Retail Properties (MRP), y ordenó a la delegación Tlalpan el retiro de los sellos de clausura que colocó en el inmueble, ubicado en Santa Úrsula Xitla, lo cual hará este martes.
La empresa, sin embargo, no podrá reiniciar la construcción del complejo, que tiene un avance de 80 por ciento, pues el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México resolvió el 17 de mayo no sólo la demolición, sino dejar sin efecto la manifestación de construcción del 15 de marzo de 2013.
La demarcación dijo desconocer si existe un juicio paralelo para restituir dicha manifestación, porque no ha sido notificada. De no ser así, MRP tendrá que realizar el trámite correspondiente, porque “estaría imposibilitado de continuar con la obra, y de hacerlo, incurriría en una violación y sería sancionado”.
El TCA determinó además que el estudio de impacto urbano emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es inválido por tratarse de una obra en zona patrimonial, aunque argumentó que estaba permitida.
La delegación informó ayer que el juzgado tercero de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, otorgó a la empresa desarrolladora de la plaza comercial una suspensión definitiva (amparo) para el retiro de los sellos de clausura.
El área jurídica dará seguimiento a la resolución del juez, pues “somos terceros involucrados en el juicio de acción pública promovido por vecinos, y ahora no podremos demoler, pese a que generará efectos negativos en la zona”, indicó.
Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México informó que “todas las obras denunciadas vía queja ciudadana y en el portal Obra Chueca serán investigadas e iremos hasta la demolición, con recursos del erario, aunque si el dueño quiere recuperar su inmueble, debe pagar el monto correspondiente”.
De lo contrario, se embarga y vende para recuperar el dinero gastado, pues una demolición de dos pisos puede costar 1.5 millones de pesos, pero “no vamos a permitir ningún acto de impunidad de pequeñas o grandes constructoras, aun cuando la ciudad requiera de vivienda, comercios o servicios”.
La semana pasada se dio a conocer un primer informe de los 32 inmuebles donde se concluyó al 100 por ciento el procedimiento para iniciar la demolición de pisos excedentes, a los cuales se sumarán otros casos de suspensión y los motivos que llevaron a ésta, indicó.
Entre ellas comentó el incumplimiento de las obras de mitigación, porque se obtuvo una escrituración de un juez o la manifestación de terminación de obra por una autoridad delegacional; o incurrir en afectaciones visuales al patrimonio histórico, que ha llevado a clausuras por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia.