Compromiso real contra violencia de género, demanda AI a Jalisco
El machismo nos debilita como sociedad: Osorio Se les encarcela por peligrosos: ONG Aún se juzga a personas con discapacidad como criminales
Amnistía Internacional (AI) México señaló que el gobierno de Jalisco debe mostrar compromiso real con la aplicación de acciones de alerta de violencia de género solicitadas por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El mismo informe, presentado el pasado 17 de marzo durante el proceso de solicitud de la alerta en Jalisco, enumera los grandes El machismo nos debilita como sociedad, por lo que es necesario hacer conciencia de los efectos de la violencia y de que ésta no es lo “normal”, señaló el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Veamos “cómo va haciéndose un gran nudo (en contra de ellas), cómo empieza en un insulto, a decirle: burra, tonta, idiota, no sirves para nada, mírate, ¿no ves?, dependes de mí, solamente de mí, al ir haciéndola invisible hasta acabar con ella, y después cometer actos que lesionan a todos como sociedad”, dijo.
Durante su visita a la exposición Feminicidio en México: ya basta, en el museo Memoria y Tolerancia, dijo que esta muestra se llevará a todas las entidades del país, por su importancia en cuanto a la construcción de una comunidad más justa e igualitaria.
Los primeros destinos serán el estado de México (con alerta de violencia de género desde hace casi dos años) y Veracruz, retos que enfrenta el gobierno del estado en la materia y los múltiples obstáculos en el acceso a la justicia para la investigación de feminicidios, desapariciones y violencia sexual.
Advierte sobre un “número significativo de delitos contra las mujeres” en esa entidad, los cuales se encuentran sin consignar por deficiencias en las pesquisas, lo que consecuentemente genera impunidad y perpetuación de la violencia contra el sector femenino.
Igualmente, identifica diver- también con alta incidencia en esta problemática.
Señaló que es importante terminar tanto con la violencia institucional como en la vida cotidiana; igualmente, generar vínculos de solidaridad y empatía con las víctimas del delito y generar acción y conciencia social al respecto.
El titular de Gobernación estuvo acompañado por funcionarios y representantes de organizaciones civiles.
Rodolfo Domínguez, de Observatorio Ciudadano, dijo que las víctimas de la violencia en México se enfrentan a dos problemas: impunidad, relacionada con autoridades que no investigan los casos de muertes violentas de mujeres, con lo cual invisibilizan la situación y justifican a los agresores.
También, señaló, enfrentamos un Poder Judicial con criterios que impiden el acceso a la justicia y, por tanto, también hacen invisible la violencia , al reclasificar los casos sólo como homicidios, no como feminicidios. sas deficiencias en las instancias encargadas de investigar feminicidios y desaparición de mujeres, violación de menores y trata de personas.
Destaca que a pesar de la existencia de tipos penales específicos para dichos delitos, hay desconocimiento de las autorides sobre su aplicación práctica, lo que impide su adecuada instrumentación e invisibiliza dichos delitos.
“Los gobiernos que realmente quieren cambiar la cultura de violencia contra las mujeres y la impunidad generalizada que existe en estos casos, deben hacer de esta una verdadera prioridad política”, señaló Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de AI México.
De igual forma, destacó que entre los elementos que se requiere definir en el plan de trabajo derivado de la alerta de violencia de género se encuentra la designación de autoridades responsables de aplicar las acciones, asignación de presupuesto suficiente, establecimiento de indicadores de impacto y la existencia de medios de verificación. En el sistema de justicia penal, sigue “equiparándose” la discapacidad intelectual y sicosocial con “la criminalidad”. Los juicios de las personas con estos padecimientos “no tratan de la presunción de inocencia o sobre la igualdad entre las partes, la contraposición de argumentos y la presentación de pruebas, sino que todo gira en torno de la discapacidad y cómo contenemos a esa persona”, señaló Diana Sheinbaum, de la organización civil Documenta.
Indicó que a pesar de las modificaciones al nuevo sistema de justicia penal, se siguen poniendo medidas de seguridad basadas en el criterio de peligrosidad y se presentan dictámenes que determinan desde la parte médica la culpabilidad o no, “cuando debería de ser una decisión judicial”. Se les priva de su libertad aunque el delito que cometieron sea considerado no grave. En análisis de sentencias de enero a junio de 2016, de los que fueron tratados como inimputables, en 100 por ciento fueron sentencias condenatorias. “Lo más grave es que para quienes no tienen discapacidad, seguramente el sistema hubiera encontrado otra respuesta”, como una sentencia absolutoria o cumplir pena en libertad. Consideró que si se quiere alcanzar la inclusión y la igualdad, “hay que estar dispuestos a aceptar que si una persona con o sin discapacidad comete un delito, el Estado tiene la obligación de ejercer una acción penal, pero también de asegurarse de que existan los ajustes y apoyos para estar en igualdad de circunstancias”.