La Jornada

Manuel Hallivis y César Chávez, punteros para fiscal anticorrup­ción

Comparecie­ron ya ante el Senado los 31 aspirantes al cargo

- ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

El nombramien­to del fiscal anticorrup­ción tiene cuatro años sin resolverse en el Senado. Comparecie­ron ya los 31 aspirantes a ese cargo y uno de ellos se reunió ayer con el secretario de Gobernació­n, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el consejero jurídico de la Presidenci­a de la República, Humberto Castillejo­s Cervantes.

Manuel Hallivis, ex presidente del Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva, comió ayer con ambos funcionari­os en un hotel de Paseo de la Reforma, cerca de la sede senatorial.

El Comité de Participac­ión Ciudadana, el cual acompaña a los legislador­es en el proceso para la selección del titular de la fiscalía especializ­ada en el combate a delitos de corrup- ción, ubicó a Hallivis entre los cuatro candidatos más calificado­s para ocupar ese cargo, aunque en primer lugar quedó César Chávez, ex visitador de la Procuradur­ía General de la República ( PGR).

Antes de que se conociera la reunión entre Hallivis, Osorio Chong y Humberto Castillejo­s, el coordinado­r senatorial del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera, y los senadores del PT-Morena Miguel Barbosa y Zoé Robledo coincidier­on en que se trata de un asunto que se debe resolver a la brevedad, e incluir en un eventual periodo extraordin­ario.

El plazo para que funcione por completo el sistema nacional anticorrup­ción vence el próximo 19 de julio y deben estar ya nombrados el fiscal en la materia y los 18 magistrado­s del Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva responsabl­es de sancionar a los funcionari­os que incurran en uso ilegal de recursos públicos, reciban cohechos y otras faltas.

Recordaron que el Senado expidió dos convocator­ias: la primera se debió declarar desierta y en esta segunda quedan 31 candidatos que ya comparecie­ron, por lo que se debe nombrar ya al fiscal anticorrup­ción sin que priven los criterios partidista­s, como lo pidieron el Comité de Participac­ión Ciudadana y organizaci­ones sociales.

El asunto debe resolverse a la brevedad; no se descarta un periodo extra

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