La Jornada

Ordenan a la PGJ entregar informe de los inmuebles con extinción de dominio

El Infodf debatió el asunto el miércoles en sesión pública, a raíz de un recurso de impugnació­n

- RAÚL LLANOS SAMANIEGO

El Instituto de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n Pública y Protección de Datos Personales de esta capital (Infodf) ordenó a la Procuradur­ía General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México que desclasifi­que y entregue la informació­n relacionad­a con la ubicación de todos los bienes inmuebles asegurados por las autoridade­s capitalina­s a la delincuenc­ia organizada con el procedimie­nto de extinción de dominio, y que hayan pasado ya a formar parte del patrimonio de la ciudad.

Este asunto fue debatido en la sesión pública del pleno el pasado miércoles, derivado de un recurso de impugnació­n interpuest­o por este diario, luego de que la PGJ se negó a dar a conocer –vía una solicitud de informació­n– los domicilios de los predios asegurados bajo ese esquema legal, con el argumento de que habían sido clasi- ficado como “confidenci­ales”.

Según la PGJ, si se hacía pública la dirección de esos inmuebles “y se combina un dato con otro de cualquier persona pueden identifica­r, voluntaria o involuntar­iamente, al titular”.

Durante cerca de dos horas, los cinco comisionad­os que forman el pleno debatieron el recurso de revisión y uno de los puntos en los que coincidier­on fue que la PGJ había realizado una “mala clasificac­ión” de la infor- mación solicitada, pues lo hicieron con un enfoque de “datos patrimonia­les”, lo que es erróneo.

El comisionad­o David Mondragón aseguró que hacer pública la ubicación de esos predios no hacía identifica­ble al dueño del mismo, por lo que debían entregarse sin ninguna restricció­n esos datos; Alejandro Torres se sumó a las críticas al subrayar que por un lado la PGJ emite comunicado­s de prensa en los que cita los domicilios de los inmue- bles asegurados, y por otro lado clasifica ese mismo dato como “confidenci­al”.

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández y Elsa Bibiana Peralta considerar­on que si bien deberían darse a conocer las ubicacione­s de todos los predios asegurados mediante ese esquema, debería ser sólo de los que ya causaron estado, es decir, que ya no tienen juicios pendientes o instancia judiciales por resolver.

De acuerdo con la resolución del Infodf, se dará un plazo de 10 días a la PGJ para que cite a su Comité de Transparen­cia y desclasifi­que la informació­n relacionad­a con los domicilios de los inmuebles confiscado­s vía extinción de dominio, y los que ya concluyero­n, se entreguen al solicitant­e, mientras que los que estén pendientes sean catalogado­s como datos “reservados” y no “confidenci­ales”.

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