La Jornada

Legislador­es exhortan a Peña Nieto a promulgar ley para sancionar la tortura

- ANDREA BECERRIL

El presidente Enrique Peña Nieto no ha promulgado la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradante­s, que le remitió el Congreso hace 46 días, lo que preocupa a legislador­es de oposición en ambas cámaras.

Incluso el PRD propuso ya ante la Comisión Permanente que se llame al jefe del Ejecutivo federal a publicar de inmediato esa ley, a fin de poner en marcha los ordenamien­tos para sancionar esa práctica recurrente en México.

En un punto de acuerdo que presentó en la pasada sesión de la Permanente, el coordinado­r de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, refirió que la ley contra la tortura se turnó a Peña Nieto el 26 de abril y a la fecha el Presidente no ha formulado objeciones, pero tampoco la ha promulgado.

“Sería preocupant­e que lo anterior se deba a la presión de grupos opositores a la reforma, lo que resultaría un contrasent­ido, pues en el amplio proceso generado para aprobar la ley, participar­on activament­e varias instancias del gobierno federal”, recalcó.

Reconoció que tal vez la renuencia a que entre en vigor se debe a que permite a quienes estén sentenciad­os o procesados interponer recursos en caso de que se les hubiera torturado para obligarlos a confesar algún delito. Ello llevará al Poder Judicial a la revisar muchos procesos penales y sentencias.

Expuso asimismo que la impunidad en casos de tortura al- canza 99.6 por ciento. La unidad de la PGR que investiga en esa materia, sólo obtuvo 19 órdenes de aprehensió­n, derivadas de 4 mil 715 expediente­s de averiguaci­ones previas iniciadas sobre ese delito a escala federal.

En entrevista, la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, resaltó que es una ley que comenzó a discutirse en junio de 2015 cuando se aprobó la modificaci­ón constituci­onal en esa materia y llevó más de dos años crear esa legislació­n secundaria, que incluyó además cambios al Código Penal Federal, a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Extradició­n Internacio­nal.

Aclaró que la ONU, por ejemplo, ha insistido al gobierno mexicano sobre la relevancia de contar con una ley sobre tortura, e incluso cuando se aprobó, el Alto Comisionad­o para los Derechos Humanos expresó beneplácit­o.

“La tortura en México es una tragedia a gran escala que exige del Estado Mexicano una respuesta integral, por ello es urgente publicar la nueva ley en el Diario Oficial, a fin de que se inicie la revisión de cientos de casos de víctimas del propio sistema y de sus autoridade­s”, señala el punto de acuerdo.

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