Insta Inmujeres a legislar sobre la violencia política para poner orden
Aplicar sanciones permitirá combatir la impunidad, apunta
Sin una legislación en materia de violencia política “no podemos poner orden”. Es de suma importancia para que se implanten sanciones contra quien la ejerza, ya que además ésta es “la mejor manera de prevenir, atender y combatir la impunidad en la que se da”, aseguró Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Refirió que de 2012 a 2016 se presentaron ocho iniciativa en esta materia en el Senado, y de 2015 a 2016 cuatro en la Cámara de Diputados, pero ninguna se aprobó.
Indicó que las mujeres que trabajan en la esfera política, en los comités comunitarios, en las colonias, en las células de los distintos partidos “han sufrido a lo largo de su vida la participación de violencia, pero no la identificábamos, sino hasta que tenemos todo este andamiaje de otros tipos de abusos” se empieza a detectarla, al ver que no se les dan recursos para desarrollar sus campañas, las omiten de las listas o se les excluye de la toma de decisiones.
Eternod Arámburu mencionó que se han dado casos emblemáticos en los cuales las mujeres han sido violentadas “simplemente por el hecho de querer participar”, como sucedió con Felícitas Muñiz, alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Guerrero, que en mayo del año pasado fue presionada para dejar el cargo con amenazas de muerte, robo de bienes y allanamientos.
Reconoció que a pesar de que la denuncia es “importante con un marco legal para la sanción”, muchas de las mujeres no lo hacen “por miedo, porque piensan que así siempre ha sido y seguirá siendo”.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dijo, tiene más de 170 denuncias y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2016 a enero de 2017, registraba 11 sentencias. ciar la palabra narcotráfico o hacer algún cuestionamiento que ponga de manifiesto su inmoral actuación, pues lo pagan con la vida”, y añadió que en ese contexto de violencia “la cuota por derecho de piso para realizar actividades parroquiales resulta lo de menos”.
Aludió que actualmente “no se garantizan los mínimos de seguridad” a la población, debido a la “impotencia de las autoridades que tienen flancos abiertos, por un lado la falta de respuesta contra el alto impacto de fuego de la delincuencia y por el otro el poder de la corrupción que carcome los tres niveles de gobierno, en lo que se ha llamado la narcopolítica”.
Apuntó que la “ausencia de autoridad que apacigüe al crimen provoca que actores con autoridad moral salgan a dar la cara para acordar, por lo menos algunas cláusulas de paz y seguridad para ciertos sectores que en el pasado gozaban de respeto”.
En tal sentido, resaltó lo hecho por el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien “no ocultó el acercamiento que sostuvo con miembros de la delincuencia para acordar lo que las autoridades ya no garantizan: seguridad”.